Santander.- El Gobierno de Cantabria invirtió casi 600.000 en la última edición de la feria de ocio juvenil Juvecant, en la que participaron 100.000 personas, ha anunciado esta tarde en el pleno del Parlamento la vicepresidenta, Lola Gorostiaga.
Gorostiaga, responsable de las políticas de juventud del Gobierno regional, ha intervenido esta tarde en el pleno del Parlamento para responder a una interpelación presentada por el PP sobre los motivos por los que se niega a facilitar información sobre los gastos realizados en la feria por la administración regional y las empresas públicas.
La diputada del PP Isabel Urrutia ha justificado esta interpelación en la respuesta dada por el Gobierno a la pregunta formulada por escrito, a la que se le respondió que la Administración regional y las empresas públicas han "asumido los gastos que su presencia en la feria les haya podido generar".
Esta respuesta llevó al PP a presentar una queja ante la Mesa del Parlamento que, según Urrutia, ha sido admitida a trámite.
Urrutia ha opinado que esa contestación pone "bajo sospecha" a un Gobierno "empecinado en la ocultación y en la falta de transparencia" sobre el destino del dinero público y la ha calificado de "insultante y despreciativa".
Según esta parlamentaria del PP, la contestación equivale a decir que el Gobierno y las empresas públicas han gastado el dinero en lo "que les ha dado la gana" y evidencia una "ocultación" que, a su juicio, ya ha pasado de "castaño oscuro".
La vicepresidenta le ha replicado que el Gobierno le ha dado al PP una respuesta "oportuna" y ha opinado que año tras año, el PP usa la misma "cantinela" para descalificar esta feria.
Según Gorostiaga, si realmente el PP tiene propuestas e ideas y quiere hacer algo por los jóvenes, debería plantear alternativas para mejorar Juvecant, en lugar de lanzar acusaciones "vacías de contenido".
La consejera de Empleo y Bienestar Social ha afirmado que la primera edición de la feria, organizada por el Gobierno del PP en una carpa que se "llevó el viento" con la participación de 6.000 jóvenes, costó 360.000 euros.
La última edición, la del 2008, costó al Gobierno 593.000, pero permitió participar a 100.000 personas.
El pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por los grupos que sustentan al Gobierno para que la Consejería de Empleo y Bienestar Social agilice la aprobación de los criterios que deben cumplir los centros para poder atender a las personas dependientes.
De acuerdo con esta iniciativa, el Gobierno también tendrá que fijar entre sus objetivos prioritarios el incremento de la formación para el empleo dirigido a los futuros profesionales del sector.
Según los datos de socialistas y regionalistas, en el 2014 prestarán sus servicios en este sector 3.000 trabajadores.
La diputada del PP María Antonia Cortabitarte ha opinado que el Gobierno mantiene un discurso "triunfalista y autocomplaciente", cuando, a su juicio, las cosas se pueden hacer mucho mejor, por lo se ha preguntado cuál es el motivo que ha llevado al PRC y al PSOE a presentar esta iniciativa.
Cortabitarte se ha mostrado convencida de que si esta iniciativa la hubiera presentado el PP le habrían acusado de "demagogia y oportunismo", pero también ha dicho que el Gobierno tendrá siempre a su lado a la oposición cuando presente iniciativas para mejorar la atención a personas dependientes.
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