Valladolid.- Una publicidad pública institucional más eficiente, transparente y accesible a los discapacitados ha sido la conclusión adoptada hoy en Valladolid por el Gobierno central, el de Castilla y León y cinco de las seis autonomías que cuentan con una normativa que regula esta actividad.
El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez (c), durante la reunión que mantuvo hoy con responsables autonómicos en materia de comunicación institucional para reflexionar sobre la futura marca 'Castilla y León'.
Con Castilla y León como autonomía organizadora, los representantes de comunicación de los gobiernos de Aragón, Andalucía, Asturias, Cataluña, Navarra y la secretaria de Estado de Comunicación, Nieves Goicoechea, han mantenido una reunión para poner en común sus experiencias en la puesta en marcha de la regulación publicitaria institucional.
El motivo de su celebración en Valladolid es la regulación que Castilla y León realizará de este sector para conseguir una comunicación más eficaz y asentar las bases de la publicidad de todas las instituciones públicas.
En el encuentro, al que finalmente no ha podido asistir el representante valenciano y que se ha enmarcado en la jornada "La comunicación institucional en el sistema autonómico", la Junta ha recabado del resto de representantes su experiencia en este campo y les ha preguntado por "que harían hoy y que no" respecto al momento en el que iniciaron la regulación publicitaria.
Lo ha explicado el consejero de la Presidencia castellanoleonés, José Antonio de Santiago-Juárez, quien en rueda de prensa ha concluido que todos han aconsejado más transparencia y sacar la "mayor rentabilidad" al dinero que se dedica a la publicidad institucional, sobre todo en tiempos de crisis.
Una mejor planificación y accesibilidad de la publicidad para los discapacitados, así como la necesidad de un manual de "buenas prácticas" para contratar los productos publicitarios completan los aspectos debatidos.
Según el portavoz de la Junta, "con ley o sin ley" uno de los problemas que se plantean es la "tensión" que se genera entre las consejerías de cada autonomía, ya que "al final" el dinero para la publicidad está en cada una de ellas y se genera un conflicto en su administración.
En este sentido, De Santiago-Juárez ha anunciado que la ley que planea la Junta recogerá la celebración de forma regular de una comisión intergubernamental para "salvar" esas tensiones.
La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León estará en marcha, como ha deseado el consejero, a finales de abril y tiene como consigna que sea "participativa", por lo que en los últimos meses se ha debatido, entre otros, con el PSOE.
"Esto no significa que se trate de hurtar el debate parlamentario para la aprobación de la ley", ha matizado.
Un centenar de profesionales han participado en la jornada, que ha sido la primera iniciativa de este tipo que se celebra en España.
El presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), José Manuel Velasco, ha asegurado a Efe su convicción de que los tiempos actuales son de "mucha comunicación, en los que hay que buscar la complicidad de los gobiernos con el entorno".
Es "loable que haya un intento de fijar la publicidad, porque gobernar supone regular con una perspectiva a medio o largo plazo las reglas que eviten los abusos que se han registrado en la publicidad, que vienen de una utilización partidista de la misma".
En cuanto a la comunicación pública, que se esta "profesionalizando mucho", Velasco ha opinado que "cuanto más cercana es la Administración regional y local al ciudadano, el debate político es mucho más útil", pero ha advertido de la perversión que se experimenta cuando la actividad política se utiliza en beneficio de partidos o particulares.
"Todavía no se ha superado la diferencia entre la comunicación al servicio de la administración de turno y la de servicio de la administración" a secas, ha concluido.
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