Quince acusados de tráfico de droga niegan que se dedicaran a vender sustancias

Valladolid.-  Los quince acusados de tráfico de drogas que han declarado hoy en Valladolid han negado que se dedicasen a la compraventa de estupefacientes, mientras que tres encausadas no quisieron declarar y otra procesada no compareció, por lo que ahora se encuentra en busca y captura.

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(EFE)

La Audiencia Provincial de Valladolid acoge el juicio contra diecinueve personas, para las que el fiscal pide penas que suman 103 años de prisión porque supuestamente se dedicaban a la adquisición, venta y distribución de cocaína y heroína, con diversas funciones cada encausado.

La vista oral se desarrolla desde hoy con visibles medidas de seguridad en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se sientan en el banquillo de los acusados diez mujeres y nueve hombres como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas, por el que el fiscal reclama penas que suman en total 103 años de cárcel y el pago de multas.

Ha sido una de las mujeres acusadas, B.B.B., la que no ha comparecido durante la primera sesión del juicio, por lo que el tribunal ha decretado prisión provisional y ha decidido que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil reciban las órdenes correspondientes para su busca y captura con el fin de ponerla a disposición de la Audiencia.

Antes de que el magistrado presidente llamase a declarar a los dieciocho encausados que han acudido hoy a la sala de vistas, los nueve letrados que representan a los procesados han coincidido en plantear, como cuestión previa, la nulidad de las actuaciones.

Han basado esta reclamación en la vulneración de Derechos Fundamentales, vinculados con el secreto de las comunicaciones -en la investigación del caso se dispusieron escuchas telefónicas-, con la confidencialidad del domicilio -también los agentes practicaron registros-, con actas de aprehensión de droga y con informes analíticos y de la prueba pericial.

Ante estas solicitudes, la Fiscal ha demandado que el tribunal desestime la declaración de nulidad de actuaciones y ha argumentado que la investigación se practicó sin vulnerar ni el derecho a la intimidad, ni el derecho de defensa, ni el relacionado con las intervenciones telefónicas.

Escuchadas ambas partes, el tribunal decidió resolver la cuestión a través de la prueba que se practique en la vista y proporcionar una solución en sentencia.

Con presencia de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, comenzaron a declarar los encausados, catorce de los cuales optaron por no responder a la acusación pública y ceñirse al interrogatorio de sus abogados.

Los catorce negaron que se dedicaran al tráfico de drogas; cuando las defensas les preguntaron si desde el Juzgado se les había convocado para cotejar su voz con las grabadas mediante escuchas telefónicas dijeron que no, y al ser preguntados si eran inocentes dijeron que sí.

Para argumentar su medio de vida, uno de los encausados señaló que se dedicaba a la chatarra; otro a la venta de coches usados; una procesada "a la rebusca", para encontrar alimentos en las cubetas de los supermercados; y otra dijo que se arreglaba vendiendo ropa y con una pensión.

Ninguno de ellos admitió que se dedicase a traficar con drogas y otras tres encausadas se negaron a contestar tanto a la fiscal como a las defensas, mientras que sólo una procesada respondió a todas las partes y también rechazó que se dedicase a esta actividad.

A preguntas de la fiscal sobre algunas conversaciones detectadas a través de las escuchas telefónicas practicadas en la investigación, ha negado que expresiones como "chandal o zapatillas" se refirieran en realidad a cocaína o heroína.

Está previsto que la vista oral, que hoy fue suspendida en dos ocasiones y reanudada poco después debido a que uno de los acusados se encontraba mal, continúe el próximo miércoles.