Centros de menores: los 'Guantánamos' salen a la luz

No duró ni dos días dentro. Manuel (nombre ficticio) es un joven psicólogo que en 2007 empezó a trabajar como educador en el centro de menores de La Jarosa (Madrid), que fue cerrado ese mismo año. No soportaba cómo trataban a los chavales. "Lo que me encontré al llegar fue a ocho adolescentes en un estado de ansiedad horrible porque llevaban una semana sin pisar el patio", recuerda. En solo esas dos jornadas vio multitud de irregularidades: agresiones, maltratos, niños en celdas de aislamiento sin supervisión judicial e incluso medicación forzosa. "Recuerdo que a un chico le metían pastillas en el colacao sin su consentimiento", relata.

Convocatoria de una manifestación contra el centro de Picón.

Su testimonio es un clásico de entre todas las denuncias que circulan en internet sobre el trato que reciben los adolescentes en los centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Precisamente, Manuel fue uno de los educadores que, con sus quejas, motivaron la investigación del Defensor del Pueblo (.pdf) que ha desvelado los malos tratos en estas instituciones, a las que acuden los menores tutelados por el Estado que manifiestan alguna conducta rebelde o que presentan algún trastorno conductual. Es decir, niños problemáticos.

El informe del Defensor del Pueblo desvela que "muchos" vulneran sistemáticamente los derechos de los adolescentes. Contenciones físicas, medidas de aislamiento, violaciones de la intimidad, tratamiento farmacológico sedante a largo plazo... son algunas de las prácticas que recoge el documento tras la investigación en 27 de los 58 que existen en España.

Los que salen peor parados son los cuatro que pertenecen a la Fundación O'Belen, institución privada que enseguida se ha apresurado a defenderse de las acusaciones y ha achacado la evaluación negativa a que estaba basada en testimonios de menores que están allí por la fuerza. Sin embargo, según los educadores sociales que llevan años denunciando el problema, esto es solo la punta del iceberg. Para personas como Manuel, o como Teresa Blasco, trabajadora social que trata con adolescentes salidos de estos centros, lo que ha desvelado Enrique Múgica no es nada nuevo. "Pero en vez de ir reduciéndose, se ha ido incrementando con los años", lamenta Blasco.

Pedagogía de mano dura

Muchos de los menores internos provienen de entornos sociales complicados y familias desestructuradas cuya tutela les ha sido retirada. Sus edades están comprendidas entre los 12 y los 18 años, pero en ocasiones hay niños mucho más pequeños. "Llegan derivados desde los centros de acogida: allí no quieren trabajar con ellos por ser molestos", explica Daniel, otro psicólogo que trabajó durante casi dos años como educador en una de estas instituciones en Castilla La Mancha, de la que fue despedido [cree que los responsables sospecharon que había denunciado lo que sucedía entre sus paredes]. Cuando cumplen los 18 años, se abren las puertas: "Resulta paradójico, porque se retira la tutela a los padres para meter a los niños en este sitio y, al día siguiente de cumplir la mayoría de edad, se les devuelve suponiendo que no tienen ningún problema, sin control ni seguimiento", indica.

Los educadores reconocen que los menores que van a parar a esos centros son conflictivos: fugas, motines o agresiones son algunos de los episodios que se han registrado y que sirven como carta blanca para funcionar sistemáticamente con un "estilo carcelario" (en palabras del informe del Defensor). "Pero estas instituciones están para educarlos y apoyarles", recuerda Teresa. Aunque no justifica completamente algunas actitudes violentas que puedan tener los chicos, los educadores señalan que el sistema de relaciones que suele establecerse en su interior no contribuye a aplacar conductas violentas. "Al contrario, produce una tensión y una agresividad constante", añade Blasco

Según esta trabajadora social, en los centros de menores reina una pedagogía de mano dura cuya eficacia ponen en tela de juicio. El documento del Defensor, por su parte, asegura que existe una "confusión entre pedagogía y derecho punitivo". Daniel aporta ejemplos que lo ilustran. Cuenta, por ejemplo, que una vez vio cómo se encerraba a un chico en un baño durante ocho horas por haber eructado en la comida. Que ir al instituto se convertía en un privilegio que se ganaban los menores que se portaban bien. Que las sanciones y los premios se aplicaban de forma arbitraria y sin diálogo (punto criticado por el informe del Defensor). Que las llamadas y las visitas de los familiares eran estrictamente vigiladas y utilizadas como castigo. Y que las agresiones "se disfrazaban" de contenciones físicas.

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Un centro de menores en Zaragoza.

Un aviso: el suicidio de Hammid

No obstante, el capítulo más duro lo protagonizan las celdas de contención, en las que se aísla a los menores como castigo durante periodos que pueden alcanzar las 24 horas. "Son habitaciones acolchadas que recuerdan a las de los psiquiátricos del siglo XIX", explica Daniel. "No tienen ninguna ventilación y los chavales están allí sin control ni vigilancia. Las paredes están recubiertas de caucho negro; la habitación, insonorizada y se les mete descalzos para que no puedan hacer ruido al dar patadas". Según el Defensor del Pueblo, este castigo no solo atenta contra la salud psíquica de los menores, sino contra su dignidad. "Tan honda puede llegar a ser su soledad que los niños, antes de entrar en esas celdas, reclaman a veces una medicación que les ayude a soportar la angustia del emparedamiento", dice el informe.

Fue precisamente en una de estas salas de castigo del centro de Picón de Jarama donde Hammid, un niño marroquí de 12 años, fue encontrado muerto el pasado mes de diciembre. Suicidio. A finales del mismo mes, otro chico de 17 años trató de quitarse la vida. El suceso hizo saltar las alarmas más aún. El diagnóstico del Defensor al respecto del uso de estos habitáculos no puede ser más claro: empleados con la "atrocidad pseudocientífica" de garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol, "se priva a los niños de todo estímulo sensorial hasta anular su resistencia". El informe indica además cómo algunos responsables han justificado su uso para lograr que "el niño toque fondo". Según la experiencia directa de Manuel y Daniel y la indirecta de Teresa esta filosofía de "anular" y "hundir" a los adolescentes para que "resurjan de sus cenizas" está más que presente en la forma de actuar de los educadores.

No son casos sin remedio

De pronto, Daniel interrumpe la conversación telefónica: "Espera un momento, ¿quieres ponerte tú?". La respuesta es negativa. "No, lo siento, no quiere hablar". Este psicólogo guarda buena relación con muchos de los internos con los que trabajó en sus días como educador y, en el momento de producirse la entrevista, viaja con uno de ellos en un autobús. Algo que preocupa mucho a los educadores es que los centros transmitan la idea de que estos adolescentes no tienen remedio. "Se criminaliza a jóvenes como si fueran asesinos en serie cuando lo único que les pasa es que tienen problemas", critica Manuel. "Son las víctimas, eso nos tiene que quedar muy claro. En muchas ocasiones han sufrido abusos y han vivido situaciones muy difíciles", añade.

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Enrique Múgica, Defensor del Pueblo.

Pero el efecto más grave que han diagnosticado del paso por estas instituciones, desde el punto de vista educativo, es que los propios menores asuman que merecen ser tratados así. La vivencia de estos educadores es que trabajar con ellos fuera de los centros y con otra dinámica arroja resultados positivos. "La fórmula para educar a chicos con problemas es la comprensión y la empatía", coinciden.

Entonces, ¿por qué los empleados acceden a actuar de este modo? Según Blasco, sus trabajadores se subdividen en dos grupos: los que salen escandalizados y los que se adaptan a esa dinámica de funcionamiento. Generalmente, suelen ser recién licenciados poco cualificados para la tarea que se les viene encima. "No creo que actúen así por sadismo, estoy convencido de que lo hacen pensado que es lo más beneficioso para los menores", afirma Daniel. La situación tampoco es fácil para ellos: en Picón de Jarama, por ejemplo, 48 trabajadores han desfilado por el centro en el último año. "Para que uno acceda a quedarse más de un mes, tienen que pasar antes otros quince", ilustra.

Difícil de denunciar, difícil de probar

Pero, si tan evidente era la situación, ¿por qué no se ha perseguido antes? En primer lugar, porque los chicos no se atreven a denunciar su situación y, si lo hacen, es cuando ya han salido. "No tienen legitimidad para interponer denuncias. Lo tienen que hacer sus representantes legales, que es la comunidad que los tutela", explica Sonia Rello, abogada especializada en menores que ha trabajado en el caso del suicidio de Hammid. O sea, que se da la retorcida paradoja de que tendrían que ser los propios educadores contra quienes quieren actuar los que se acercaran a un juzgado.

Y en segundo lugar, porque "todo se justifica con razones educativas": se alega que el menor estaba muy alterado, que fue necesario encerrarle o cualquier otro pretexto que excuse las actuaciones más dudosas. Y en tercero, porque el hermetismo de estas instituciones es absoluto. "Son verdaderos búnkers", coincide Teresa. Ni a los abogados ni a las asociaciones se les permite el acceso para hablar con los internos.

Un ejemplo de la dificultad de que estas denuncias salgan adelante viene de la mano del caso de Younes, un chico de 16 años que en 2002 recibió una paliza por parte de dos educadores y tres guardias de seguridad. A pesar de reconocer su culpabilidad, los tribunales decidieron absolver a los acusados, por considerar que no se podía probar probar cuál de los cinco había sido el responsable. Los denunciantes fueron obligados a pagar los 10.104 euros de costas del juicio.

El informe que acaba de sacar a la luz el Defensor del Pueblo promete traer cola. Se enviará al Senado para que lo estudie y ya ha conseguido que la ministra Mercedes Cabrera pida la intervención de la Fiscalía General del Estado. Y en la Comunidad de Madrid, el PSOE ha exigido que se rescinda el contrato con O'Belen. Al impacto mediático de los maltratos desvelados, se suman dos recientes fallos del Tribunal Constitucional que dictaminan que los menores pueden actuar al margen de la administración de tutela cuando ésta actúa contra sus intereses. Esto podría ser fundamental a la hora de abrir las puertas a nuevas denuncias, según Rello. Todos reciben la noticia del informe con alivio y esperanza, aunque dicen que llega muy tarde. Y recuerdan que todavía queda mucho por salir a la luz.

Para saber más:

• Consulta el informe completo del Defensor del Pueblo
• centrosdemenores.com, un blog de denuncia sobre estas instituciones con testimonios, estudios y noticias