Madrid.- El Gobierno considera que cuenta con un "relato de indicios" suficiente para impugnar las candidaturas que ha presentado Askatasuna a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo e incluso para pedir la ilegalización de este partido político a la sala del 61 del Tribunal Supremo.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros celebrado hoy.
Así lo han señalado hoy fuentes del Ejecutivo, que han subrayado la importancia de que las investigaciones desarrolladas por la Policía y la Guardia Civil no hayan dado como resultado sólo una "suma de indicios" de la vinculación de Askatasuna con formaciones ya ilegalizadas, sino un auténtico "relato" continuado en el tiempo prácticamente desde la fundación del partido.
Entre los indicios con los que ya trabaja la Abogacía del Estado, a la que el Gobierno ha ordenado hoy proceder contra el partido, figuran sus estatutos, que han resultado ser una copia casi exacta de los de Euskal Herritarrok, la denominación que adoptó Herri Batasuna en 1998, coincidiendo con la inscripción de Askatasuna en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
La coincidencia temporal y la similitud de los estatutos avalaría la tesis, sostenida entre otros por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en uno de sus últimos autos, de que Askatasuna ya era entonces una "marca blanca" de ETA con la que la banda pretendía asegurar su presencia en las instituciones ante una eventual ilegalización de Herri Batasuna.
Según las fuentes consultadas, a estos indicios hay que sumar muchos otros, como las reuniones y los contactos mantenidos por los dirigentes del partido con otros representantes de la izquierda abertzale, las declaraciones públicas efectuadas por unos y otros e incluso el "marco" en el que se realizaron esas manifestaciones.
El Ejecutivo considera, por otra parte, que ese "relato de indicios" responde a los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, y muy especialmente en los que este último expresaba ayer mismo en la sentencia que avalaba la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV).
En esa resolución se afirma, por ejemplo, que las "declaraciones de principio" que puedan recoger los estatutos de un partido respecto del repudio de la violencia deben ser examinadas a la luz del comportamiento y de las declaraciones de sus dirigentes a lo largo del tiempo.
El Constitucional también dice que la "genérica condena" de la violación de los Derechos Humanos, a la que suele recurrir la izquierda abertzale tras un atentado, no sirve de contrapeso ante la "inexistencia" de una condena expresa del terrorismo.
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