Santa Cruz de Tenerife.- El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy una resolución en la que pide que el Estado asuma la tutela de los inmigrantes menores llegados de forma irregular, mientras que la guarda correspondería a las comunidades autónomas donde sean acogidos.
Uno de los menores inmigrantes llegado en Cayuco a Canarias que ahora obtiene formación laboral en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa Adeje (CDTCA). EFE/Archivo
Esta resolución se aprobó con los votos a favor de CC y PP y la oposición del PSOE, tras el debate de una comunicación del Gobierno regional, cuya consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, señaló que las islas no pueden asumir en solitario la tutela de los miles de menores inmigrantes que llegan a sus costas.
El cambio legal sobre la tutela de los menores inmigrantes, según el acuerdo parlamentario, debe producirse con motivo del debate en las Cortes de la modificación de la Ley de Extranjería.
También se aprobó con los mismos votos instar a la creación de un órgano público de coordinación del Estado con todas las comunidades autónomas para la distribución territorial de los menores inmigrantes en el caso de que una comunidad autónoma concreta se vea desbordada por su llegada.
El diputado del grupo socialista Francisco Hernández Spínola admitió que la llegada de menores en patera desde las costas africanas es un problema de Estado en el que debe implicarse el Gobierno central, las demás comunidades e incluso la Unión Europea.
Pero consideró precipitado reclamar un cambio en la tutela de los menores con motivo de la modificación de la Ley de Extranjería, y defendió en cambio que "se estudien y promuevan, en su caso, las modificaciones legislativas necesarias".
Así lo plantearon los socialistas en una propuesta de resolución que también resultó aprobada, ya que CC y PP decidieron abstenerse al entender que era ambigua y no concretaba nada.
La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, consideró que la legislación vigente sobre los niños en desamparo, cuya tutela corresponde a las comunidades autónomas, se hizo antes de que apareciera el fenómeno de las pateras.
Los menores que llegan en patera no pueden ser considerados residentes en Canarias que han quedado desamparados, y por tanto es el Estado el que tiene que asumir su tutela y su distribución entre todas las comunidades, porque las islas solas no pueden, dijo.
Desde 1994 han llegado a las islas 6.000 niños entre las 90.000 personas llegadas en pateras o cayucos "y ya es hora, después de catorce años, de regular esta situación", dijo.
Canarias no tiene la culpa de ser "la grieta" que se ha dejado abierta tras el "blindaje" del Mediterráneo y de Ceuta y Melilla, y por tanto el Estado tiene que asumir su responsabilidad y corregir "la laguna legal" en la que viven los menores africanos y que impide su integración, agregó.
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