El Gobierno revisará la legislación de ERE para limitar la edad de prejubilación

Madrid.-  El Gobierno tiene previsto revisar este año la actual legislación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) para limitar la edad y las condiciones de las prejubilaciones, afirmó hoy el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

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(EFE)

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, antes de comparecer hoy a petición propia en el Congreso de los Diputados para informar del impacto de la crisis en el empleo y de las medidas tomadas por el Gobierno para estimular la creación de empleo.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Corbacho planteó la necesidad de una "reflexión" en esta materia, ante el elevado número de expedientes de regulación planteados por varias empresas españolas en los últimos meses para afrontar la actual crisis económica.

Por este motivo, el titular de Trabajo destacó la necesidad de que las empresas contemplen planes sociales y de recolocación de sus empleados, y avanzó que el Gobierno estudiará la posibilidad de reponer las prestaciones percibidas por los trabajadores víctimas de un ERE en el caso de suspensión de contrato "cuando a posteriori se produzca otro expediente que origine la extinción del mismo".

Corbacho afirmó después de su comparecencia que debería analizarse el alcance económico de esta propuesta, algo sobre lo que, añadió, debe pronunciarse el Ministerio de Economía y Hacienda.

El ministro ya anunció el pasado mes de octubre su intención de modificar la legislación actual si el Gobierno no podía oponerse "legalmente" al ERE presentado por Telefónica para los trabajadores mayores de 48 años.

Las declaraciones de Corbacho hicieron que la compañía de telecomunicaciones introdujera modificaciones en el ERE y eliminara el límite de edad, tal y como hoy recordó el ministro.

Tras su intervención, Corbacho subrayó que esta limitación será presentada en la reunión de la mesa del diálogo social antes de fin de mes y que deberá ser consensuada con los agentes sociales.

Así, insistió en que no se puede aceptar que una empresa que no esté en pérdidas pueda hacer un ajuste técnico y presentar una prejubilación para trabajadores entre 48 y 50 años.

En su comparecencia, Corbacho admitió que el compromiso del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 800 euros mensuales en 2012 le obligará a hacer aumentos muy superiores al 4 por ciento de este año en los próximos ejercicios.

Corbacho indicó que este compromiso se cumplirá igual que se cumplió el de subirlo hasta los 600 euros el año pasado, y que en 2009 alcanzará los 624 euros al mes, gracias a ese incremento del 4 por ciento.

El titular de Trabajo desgranó las que serán las líneas que conformarán el Plan de Actuación del Ministerio en materia de empleo para 2009.

Entre ellas, subrayó el impulso de algunos aspectos del Estatuto del Trabajo Autónomo, como el contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro.

Además, abogó por potenciar la Formación Profesional y por desarrollar la Estrategia Española de Salud y Seguridad en el trabajo.

Asimismo, defendió mejorar los Servicios Públicos de Empleo con el "objetivo común" de que las personas desempleadas estén el menor tiempo posible en esta situación y desarrollar la concertación territorial, trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas en la creación de empleo.

Desde la oposición, el portavoz del PP, José Ignacio Echániz, señaló que Corbacho comparecía a petición propia esta semana para evitar hacerlo en la próxima, cuando se conocerán los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, solicitó al Gobierno la reforma del mercado de trabajo en España y respondió al ministro que el "desplome" de la situación económica "exige que ya se hubieran tomado algunas de las medidas que hoy se están anunciando".

Desde el PNV, Emilio Olabarria mostró su desacuerdo con la presencia de Corbacho en el Congreso por entender que debía ser el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien tenía que haberlo hecho.

El diputado de IU Gaspar Llamazares acusó al Gobierno y al Ministerio de Trabajo de sufrir una "parálisis" ante la gravedad de la situación actual.