Corte Interamericana condena a Colombia por asesinato de defensor de DD.HH.

Bogotá.-  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, defensor asesinado en su oficina de Medellín en 1998, informaron hoy fuentes humanitarias locales.

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(EFE)

El defensor presentó estas denuncias ante los generales Alfonso Manosalva y Carlos Alberto Ospina, que por la época se sucedieron en el comando de la IV Brigada, de Medellín, y el entonces gobernador de la región, el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, continuó la fuente.

La sentencia será comunicada a más tardar mañana al Gobierno, lo mismo que a la familia de Valle y a sus representantes en la causa, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), de Medellín, y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), de Bogotá.

La decisión la divulgó en Medellín el Instituto Popular de Capacitación (IPC), que precisó que la condena fue proferida durante las sesiones celebradas por el órgano judicial de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 24 al 25 de noviembre pasado en Costa Rica.

La condena es la primera contra el Estado colombiano en un caso en el que la víctima es un defensor de derechos humanos, agregó la organización no gubernamental (ONG), que recordó que el abogado penalista Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 cuando presidía el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento de Antioquia, del que es capital Medellín.

Valle había asumido el cargo en 1988, "después de que fueran asesinados consecutivamente los presidentes del Comité Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez Vélez y Carlos Gónima", resaltó el IPC.

La ONG precisó que, en este caso, la sentencia "habla de la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del defensor de derechos humanos".

Es una decisión, agregó, que "deberá implicar para el Gobierno investigar el homicidio en un contexto de persecución por sus denuncias y por la complicidad entre paramilitares, ejército y las autoridades de ese entonces".

El IPC precisó que Valle había denunciado de manera pública, entre 1994 y 1998, la actividad de unas cooperativas de seguridad conocidas como Convivir y las "acciones conjuntas" de tropas de la brigada del ejército de Medellín y paramilitares en la localidad de Ituango, escenario de matanzas por las que la Corte Interamericana también condenó al Estado en junio de 2006.

El defensor presentó estas denuncias ante los generales Alfonso Manosalva y Carlos Alberto Ospina, que por la época se sucedieron en el comando de la IV Brigada, de Medellín, y el entonces gobernador de la región, el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, continuó la fuente.

"En consecuencia, Valle fue señalado públicamente como enemigo de las Fuerzas Armadas y acusado penalmente por calumnia", prosiguió el IPC, e indicó que el crimen se cometió al día siguiente de que él rindió una declaración libre ante la fiscalía en la misma ciudad.

El IPC observó que algunos ex mandos de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han implicado, en testimonios ante la justicia, a Manosalva y a Ospina con las matanzas de Ituango, y han señalado la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia el día en el que se cometió una de ellas.

El caso de Valle fue fallado el 27 de noviembre por el mexicano Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana, casi dos años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le presentara la demanda correspondiente.