Un tribunal suspende la polémica libertad de los represores de la dictadura argentina

Buenos Aires.-  El mismo tribunal argentino que había dictado la polémica liberación del ex marino Alfredo Astiz y otros 16 represores de la última dictadura militar en ese país suspendió hoy, 24 horas después, esa medida, luego de la reacción indignada de organismos humanitarios y del Gobierno.

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(EFE)

Fotografía de archivo sin fechar en la que se observa al general del Ejército Argentino Alfredo Astiz durante el periodo de la dictadura 1976-1983.

La Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal, dio marcha atrás a raíz de un planteo del fiscal Raúl Plee, quien pidió la suspensión del fallo y tiene previsto presentar un recurso contra la liberación de los acusados, informaron fuentes judiciales.

La resolución se conoció pocas horas después de que el Gobierno anunciara su intención de apelar ante la Corte Suprema de Justicia la orden de excarcelación e impulsar un juicio político de los magistrados que habían dictado la resolución.

El jueves, la Cámara de Casación Penal ordenó liberar a los represores que actuaron en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel clandestina de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983.

En la lista, además de Astiz, figuran Jorge "Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González y Néstor Savio, entre otros. Todos han sido requeridos por la justicia de España.

La excarcelación fue dispuesta luego de que vencieran los plazos legales para mantener con prisión preventiva a una persona sin sentencia firme, aunque fuentes judiciales aclararon el mismo jueves que la decisión no se haría "efectiva de manera inmediata".

Al enterarse del fallo de ayer, la presidenta del país, Cristina Fernández, lo consideró una "vergüenza", además de sostener que es "difícil de entender" y "producto de cierta perversidad" del sistema judicial.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, aseguró hoy que el Gobierno, querellante en la causa en la que la Cámara de Casación Penal dictó la resolución, iba a presentar "un recurso extraordinario" ante el máximo tribunal del país para "evitar un escándalo jurídico".

Si bien manifestó que el Ejecutivo "respeta las resoluciones" de la justicia, sostuvo que "continúan enquistados en el Poder Judicial hombres que fueron designados durante la dictadura por participar de la misma filosofía represora ilegal que caracterizó al régimen" militar.

En ese sentido, señaló que la Secretaría de Derechos Humanos impulsará el juicio político contra los magistrados Guillermo Yacobucci y Luis María García, integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Duhalde dijo que este pedido se extenderá a otros tres jueces del tribunal encargado de someter a juicio a represores de la ESMA, a los que acusó de "retardar" el accionar de la justicia, y también a magistrados de la provincia de Mendoza que han liberado a procesados por delitos de lesa humanidad.

La resolución judicial también había causado indignación en los organismos de derechos humanos, que antes de la suspensión del fallo protestaron hoy frente a la sede de los tribunales federales, en la zona norte de Buenos Aires.

Martha Vázquez, dirigente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, se lamentó del "duro golpe" que recibieron los organismos humanitarios.

"Tengo que reconocer que hay jueces que nos han escuchado, pero también hay otros que han estado obstaculizando el accionar de la Justicia. Me pregunto por qué esos magistrados siguen estando en el Poder Judicial", apuntó.

Ragmar Hagelin, padre de Dagmar Hagelin, joven sueca de cuyo secuestro y asesinato en 1977 se culpa a Astiz, consideró que la orden de liberar a los 17 represores es producto de que "haya distraídos que no terminaron de depurar el cuerpo jurídico de la dictadura".

Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la "guerra sucia", aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000 y se calcula que unos 5.000 detenidos pasaron por la cárcel clandestina montada en la ESMA.