Nuevo libro arroja luz sobre el secuestro de una joven sueca en 1977

Buenos Aires.-  La dictadura argentina calificó a la joven sueca Dagmar Hagelin, desaparecida desde 1977, "como un gran peligro" para tapar la "metida de pata" de su secuestro por error, dijo hoy a Efe Jorge Camarasa, autor de un libro sobre el caso.

ampliar foto

(EFE)

El libro cuenta los detalles del secuestro de la joven sueca durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), caso por el que está acusado el ex marino Astiz, apodado el "Ángel de la Muerte" y líder de un grupo paramilitar. EFE/Archivo

"Dagmar era una chica de 17 años que efectivamente tenía afinidad con la Juventud Peronista (JP), lo que de ninguna manera exculpa a (Alfredo) Astiz y a la Marina, sino al contrario, lo agrava porque se trató de una metida de pata tremenda", señaló el autor de "El verdugo", que saldrá a la venta la semana próxima.

Según Camarasa, Hagelin fue confundida con María Antonia Berger, una militante del grupo guerrillero Montoneros.

El libro cuenta los detalles del secuestro de la joven sueca durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), caso por el que está acusado el ex marino Astiz, apodado el "Ángel de la Muerte" y líder de un grupo paramilitar.

"Es un caso muy redondo en el que hay un montón de pruebas del secuestro, y en el que intervino el gobierno sueco y hasta intercedió Estados Unidos para reclamar justicia", afirmó Camarasa.

En la década de los años 80, el autor de "El verdugo" colaboró en la investigación sobre el caso que llevó adelante Ragnar Hagelin, padre de la joven secuestrada por Astiz en enero de 1977 a las afueras de Buenos Aires.

El autor afirma además que fue Astiz quien hirió a Hagelin de un disparo en el cuello cuando la joven intentaba huir de la casa de Norma Burgos, una amiga del grupo guerrillero Montoneros, según testimonios que constan en las actuaciones del caso.

"Parate flaca, si no te tiro", gritó Astiz arrodillado y apuntándole a la espalda mientras la muchacha corría escapando de los marinos, que la habían confundido con Berger, otra amiga de Burgos.

"La visión militar de este asunto es ridícula. (Según los testimonios y documentos recopilados) se presenta a Dagmar como un peligro universal y se hacen asociaciones del tipo de que si la madre era militante, algo habrá hecho, cuando en realidad fue una equivocación", indicó el autor.

Camarasa sostuvo que la joven fue trasladada a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura, y "hay alguna evidencia de que desde allí fue llevada a un centro de rehabilitación para tratar de recuperarla de su herida porque había quedado con algunas secuelas".

"Después no se supo nada más y no hay indicios firmes de saber donde puede estar el cuerpo. Hay versiones que indican que fue arrojada al mar desde un avión y otra que sostiene que el cuerpo está enterrado como 'NN' en algún lugar desconocido", detalló.

El caso de Hagelin es investigado por la justicia argentina, en el marco de las causas por los crímenes cometidos en la ESMA de Buenos Aires, por donde pasaron unos 5.000 detenidos.

Alfredo Astiz, quien lleva cinco años preso, y otros 17 ex marinos serán sometidos a un juicio oral y público a partir del 6 de octubre próximo por secuestros, aplicaciones de tormentos y asesinatos en la ESMA.

Sin embargo, Astiz se negó en marzo pasado a declarar cuando el juez Sergio Torres le preguntó sobre la desaparición de la joven sueca.

En diciembre pasado, el máximo tribunal del país ordenó reabrir el caso siguiendo un dictamen de la Procuraduría, que estableció que la desaparición de la muchacha era un delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible.

El ex marino está además acusado por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos extranjeros, entre ellos las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Alfredo Astiz, cuya extradición ha sido requerida por jueces extranjeros, es uno de los numerosos ex militares detenidos por crímenes de la dictadura, durante la cual desaparecieron 18.000 personas, según datos oficiales, aunque los organismos de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000.