Buenos Aires.- Los sindicatos que agrupan a los casi 9.600 trabajadores de Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias se concentrarán este miércoles a las puertas del Parlamento para seguir el debate en el Senado de un proyecto de ley que habilitará la expropiación de esas empresas al grupo español Marsans.
Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
"Estamos expectantes sobre la concreción de la expropiación. Estamos viviendo esto como una definición histórica, como la posibilidad de recuperar esta actividad aerocomercial estratégica", dijo hoy el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Ricardo Frecia.
El oficialismo, promotor de la expropiación y con mayoría propia en el Senado, da por descontado que el proyecto será aprobado mañana y convertido en ley, tras haber recibido ya el visto bueno en la Cámara de Diputados, hace dos semanas.
Las principales fuerzas de la oposición avalan la expropiación, pero no de las empresas en su conjunto, sino de solo aquellos activos utilizables para que el Estado no se haga cargo del pesado pasivo de Aerolíneas, cercano a los mil millones de dólares.
El proyecto propone declarar como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
La iniciativa establece que el Estado sólo se hará cargo de las "deudas legítimas" de Aerolíneas, que deberán ser identificadas y diferenciadas de las "ilegítimas", generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.
Una vez que el proyecto se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio".
Además, el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las compañías, intervenidas judicialmente desde el 21 de noviembre pasado.
"Vemos la gran fuerza y el gran empuje de todo el sector laboral de los distintos gremios y tenemos una gran fe que la empresa va a volver a ser una empresa que nos enorgullezca a todos los argentinos", afirmó hoy el ministro de Planificación, Julio De Vido, a los periodistas.
La Ley de Expropiaciones de Argentina establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización "dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación", organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un "valor simbólico" de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó hace un mes debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un "valor simbólico".
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.
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