Vitoria.- El Parlamento Vasco ha aprobado hoy la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, tras un largo debate que se ha centrado en las discrepancias en torno al copago y, especialmente, a la fórmula de inspección de dichos servicios.
Sorprendentemente, el tripartito, el PSE-EE y el PCTV-EHAK han apoyado una enmienda de Aralar, en la que se ha abstenido el PP, en la que se establece que "corresponde al Gobierno Vasco la alta inspección en materia de servicios sociales", algo a lo que, según había dicho en el debate Bakartxo Tejería (PNV), se oponían al considerar que las diputaciones están en contra de esta figura.
En líneas generales, la Ley ha contado con el apoyo del tripartito, los socialistas y el PP, este último excepto en lo referente a la financiación y el copago. El PCTV-EHAK ha mantenido una enmienda a la totalidad.
Aralar se ha abstenido y ha criticado que el tripartito no haya cumplido con lo que había pactado y firmado en materia a la prevalencia de la gestión pública directa de los servicios sociales, ya que la ley aprobada establece que esta gestión será así, pero "preferentemente".
El debate se ha prolongado durante horas, con recesos incluidos, por las discrepancias en torno a la inspección.
La semana pasada, la Comisión correspondiente aprobó, con el apoyo del PP, PSE-EE y PCTV-EHAK, introducir en el proyecto la creación de un servicio de inspección de los servicios sociales a cargo del Gobierno Vasco, fórmula a la que se opuso el tripartito.
Hoy, los grupos que apoyan al Gobierno Vasco, Aralar y el PSE-EE han presentado una enmienda transaccional en la que se establecía que sería cada administración la que realizaría las funciones de inspección e introducía una disposición para que el Gobierno Vasco, en el plazo de dos años, regulara un servicio de inspección general.
Finalmente, el PP se ha opuesto a que se votara esta enmienda transaccional, por lo que se han tenido que votar las enmiendas particulares de los grupos.
Sorprendentemente, el tripartito, el PSE-EE y el PCTV-EHAK han apoyado una enmienda de Aralar, en la que se ha abstenido el PP, en la que se establece que "corresponde al Gobierno Vasco la alta inspección en materia de servicios sociales", algo a lo que, según había dicho en el debate Bakartxo Tejería (PNV), se oponían al considerar que las diputaciones están en contra de esta figura.
La ley establece el plazo de ocho años desde su entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, para la completa universalización de las prestaciones y servicios contenidos en el catálogo del sistema vasco de servicios sociales.
También establece un plazo de un año para la aprobación de la cartera de servicios establecida por ley y del Plan estratégico de servicios sociales que marcará la trayectoria de despliegue con ese objetivo de universalización.
La nueva ley garantiza a los actuales beneficiarios de los servicios sociales la conservación de los derechos que hayan adquirido, sin que la nueva norma pueda suponer perjuicio alguno para ellos.
Vertebra los servicios sociales para que no haya diferencias entre los tres territorios históricos, establece el derecho subjetivo de toda persona a acceder a estos servicios y prestaciones, garantiza la igualdad de acceso y fija que los beneficiarios contribuirán a la financiación en función de su renta, aunque "nadie quedará excluido por no disponer de recursos".
Para realizar el copago de los servicios quedará excluida la vivienda de los beneficiarios, excepto si ésta tiene un valor excepcional.
La ley establece las prestaciones "técnicas, económicas y tecnológicas" del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como el catálogo y la cartera de prestaciones y servicios.
Estructura el sistema de prestaciones en toda la Comunidad autónoma y prevé los requisitos de acceso al sistema, como el empadronamiento en cualquier municipio al menos durante doce meses.
En el pleno de hoy se ha rechazado la única enmienda a la totalidad al proyecto, presentada por el PCTV-EHAK.
En la presentación del texto, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Javier Madrazo, ha destacado la relevancia de una ley "tan importante en la vida de tantas personas".
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