Diputados de Argentina debaten este miércoles una ley para expropiar Aerolíneas

Buenos Aires.-  La Cámara de Diputados de Argentina debatirá este miércoles un proyecto de ley que habilita la expropiación de Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo turístico español Marsans.

La prensa argentina volvió a recoger hoy rumores sobre negociaciones reservadas para evitar el conflicto que acarreará la expropiación de la aerolínea, cuya aprobación parlamentaria se da por descontada.

Pero fuentes del Gobierno de Cristina Fernández y de Marsans desmintieron a Efe esas versiones, que los diarios han atribuido a una u otra parte, según los casos.

El oficialismo, promotor de la expropiación y con mayoría propia en la Cámara Baja, da por descontado que el proyecto será aprobado mañana y enviado de inmediato al Senado, para que lo debata a mediados de este mes.

"Confiamos en que mañana salga favorable" la votación del proyecto, dijo hoy en declaraciones a la prensa el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime.

Las principales fuerzas de la oposición avalan la expropiación, pero no de las empresas en su conjunto, sino de solo aquellos activos utilizables para que el Estado no se haga cargo del pesado pasivo de Aerolíneas, que está bajo intervención judicial desde el 21 de noviembre pasado.

El proyecto oficialista, al que tuvo acceso Efe, propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación".

La declaración también alcanza al resto de las empresas controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).

De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5 por ciento) y de los casi 9.000 trabajadores de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada (0,59 por ciento).

Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", señala el proyecto.

Apunta además que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas.

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Según esta norma, una vez declarada la utilidad pública de un bien, quien lo expropia -en este caso el Estado nacional- "podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación".

Precisamente, fue esta institución pública la que ya valuó Aerolíneas Argentinas y determinó que la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado no debería pagar nada o un "valor simbólico" de un peso.

Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

La Ley de Expropiaciones establece que "no habiendo avenencia respecto del valor de los bienes", la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.

En este caso, el proyecto que debatirá este miércoles la Cámara de Diputados establece que será la Procuración del Tesoro promoverá "el juicio de expropiación respectivo".

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó hace dos semanas debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un "valor simbólico".

"Marsans no aceptó el valor fijado por el Tribunal de Tasación y el otro procedimiento legal es la expropiación, y es lo que está en curso", dijo hoy Jaime.

El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.

El grupo español ha advertido que demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.

Con respecto a esta posibilidad, Jaime aseguró que Argentina ha "cumplido con todos los estamentos legales".