El Comité y la Dirección acuerdan las indemnizaciones por la liquidación del grupo

Valencia.-  Los sindicatos con representación en el comité de empresa del grupo Saéz Merino han firmado hoy con la dirección el acuerdo para las indemnizaciones que recibirán los 350 trabajadores de ese grupo inmerso en un proceso de liquidación y que estipula 33 días por año trabajado y 22 mensualidades, siempre que no exceda de 55.000 euros.

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(EFE)

Los sindicatos con representación en el comité de empresa del grupo Saéz Merino han firmado hoy con la dirección el acuerdo para las indemnizaciones que recibirán los 350 trabajadores de ese grupo inmerso en un proceso de liquidación y que estipula 33 días por año trabajado y 22 mensualidades, siempre que no exceda de 55.000 euros.

Así lo han indicado a EFE el responsable de FIA-UGT, Alfredo Sanmartín, y el de FITEQA-CCOO, Miguel Ángel Castelló, que han alertado, sin embargo, de la dificultad que entraña para los trabajadores cobrar íntegramente el importe acordado hoy ya que dependerá de cómo se lleve a cabo la liquidación de la empresa.

Sanmartín ha señalado que, tras la firma, se ha realizado una asamblea entre los trabajadores para explicarles con más detalle los acuerdos del convenio y los pasos a seguir posteriormente.

En ese sentido, ha añadido que los sindicatos intentarán, si el juez decide la extinción del grupo, cobrar lo máximo que se pueda ya que el acuerdo no presupone que se vayan a recibir las cantidades íntegras.

Ambos responsables sindicales han coincidido en señalar que "sólo están aseguradas las cantidades que pagará el Fondo de Garantía Social (FOGASA), es decir, 20 días por año trabajado y 12 mensualidades, ya que la empresa debe, antes de abonar a los trabajadores, saldar sus deudas con los acreedores, han añadido.

Ahora, el juzgado de lo mercantil que se encarga del proceso de extinción solicitará de la autoridad laboral correspondiente, en este caso, el Ministerio de Trabajo, ya que el grupo tiene plantas en dos comunidades autónomas, en Benaguasil, en la Comunitat, y en Daimiel, en Castilla La Mancha.

Una vez tenga esos informes, el juez puede autorizar la extinción de los 350 puestos de trabajo y para principios de enero tener ya el plan de liquidación, han relatado las mismas fuentes.