El nuevo paquete de medidas legales sobre prostitución que el Gobierno británico pretende impulsar para combatir las mafias extorsionadores ha causado polémica incluso antes de entrar en vigor. El plato estrella del anuncio (y lo que más revuelo ha causado) es la idea de penalizar a los hombres que paguen por mantener relaciones sexuales con mujeres que hayan sido víctimas del tráfico sexual con una multa de hasta 1.000 libras.
Jacqui Smith, ministra del Interior británica.
Hasta ahora, Reino Unido sólo castigaba a los responsables de traer a las mujeres al país. Según informa el diario británico The Guardian, las propuestas presentadas por la ministra del Interior, Jacqui Smith, contemplan además que el desconocimiento de las circunstancias en que trabajaban las prostitutas no pueda ser considerado un eximente del delito. Según ha explicado Smith en una entrevista en la BBC, los clientes de las mujeres podrán ser procesados incluso en caso de que preguntaran a la prostituta si era víctima de la explotación y ésta respondió que no.
El equipo del Gobierno ha estudiado el modelo permisivo de Holanda y el abolicionista sueco. El ejemplo holandés se descartó por considerar que no reduce el número de mujeres víctimas de la explotación y el Ejecutivo finalmente se ha decantado por seguir la línea de actuación de Suecia, donde es delito acudir a los servicios de una prostituta pero no ofrecerlos. Sin embargo, Inglaterra ha evitado la prohibición total del sexo de pago por considerar que no es una alternativa viable con las 80.000 prostitutas que se calcula que hay en Reino Unido (pero sí con las 1.500 del país escandinavo).
La utilidad de este tipo de medidas depende de la visión sobre cómo afrontar legalmente la prostitución. En el centro de la controversia, están las mujeres víctimas de las mafias de tráfico de personas. Para combatir este problema, que algunas personas ya consideran 'la esclavitud del siglo XXI', los estados regulan la prostitución, con el consecuente trastorno a las personas que la ejercen libremente. Hemos acudido a dos asociaciones con distintos puntos de vista acerca del tema para que nos den su opinión sobre el caso inglés, en forma de pros y de contras.
La titular británica de Interior comparte la idea y establece una relación directamente proporcional entre explotación y demanda. En ese sentido, ambas creen que coaccionar servirá para inhibir a los clientes y para que éstos dejen de percibir que acostarse con una mujer explotada es normal, "porque no lo es", según Mora. Los cálculos del Gobierno británico dicen que el 70% de las más de 80.000 mujeres que ejercen la prostitución en Reino Unido lo hacen bajo el control de traficantes.
Asociaciones como APRAMP consideran que las trabajadoras del sexo que ejercen su profesión como un trabajo elegido libremente son apenas inexistentes, aunque los datos al respecto escasean y a veces pueden resultar engañosos. "Reclamamos que se hable y se actúe para la mayoría, dándoles alternativas a las mujeres que lo soliciten". Así, la penalización de los clientes sólo debe ser un punto más dentro de planes integrales. Asistencia jurídica, social, psicológica, cursos formativos, proyectos de integración en el mercado laboral, etc. son sólo algunas de las medidas que deberían complementar los castigos.
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A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
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