Oviedo.- El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado hoy que ha puesto en manos de un equipo jurídico toda la documentación sobre las "graves irregularidades detectadas" en diversas contrataciones realizadas por el Gobierno regional para que analice la presentación de una denuncia "formal y global" ante la Fiscalía Anticorrupción.
La concejala del grupo socialista Carmen Caballero ha declarado hoy que gran parte de la obra pública municipal de equipamiento está paralizada y ha reclamado al equipo directivo un balance sobre la situación en la que se encuentra el actual plan de vivienda del Ayuntamiento de Oviedo.
En un comunicado, los ediles del PP, que aseguran actuar en coordinación con el Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, han anunciado esta medida ante las irregularidades cometidas, a su juicio, en la gestión de la Agencia para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales del Principado.
Asimismo, el PP alude a los informes de la Sindicatura de Cuentas del Principado de los años 2005 y 2006 sobre la contratación de la administración y de las empresas públicas.
Según el Grupo Municipal Popular, esta situación "raya con el escándalo y existen numerosos indicios de comportamientos no sujetos a la ley que deben ser aclarados" y asegura que lleva años denunciando estas situaciones "sin que se tomen medidas por parte de los responsables de la Administración socialista asturiana".
Los populares consideran necesario "aclarar estas irregularidades" y recuerdan que Oviedo aporta más del 30 por ciento de los impuestos que recauda el Principado "y, como quiera que no recibe sus inversiones, está legitimada para exigir, al menos, una correcta administración de esos recursos".
En su opinión, dado que en instancias políticas "está resultando imposible clarificar estas situaciones, llega el momento de que se pronuncien las instancias judiciales creadas precisamente para analizar estos casos".
El pasado viernes el pleno de la Junta General rechazó, con los votos en contra del PSOE y de IU, una moción del PP que pedía constituir una comisión para investigar la gestión del ex jefe del servicio de arquitectura de la Agencia de Proyectos Culturales, que cesó en su cargo el pasado 10 de octubre.
La destitución de Alejandro Alcázar Palacio fue decidida por la Consejería de Cultura después de que el Gobierno anunciara la apertura de un expediente informativo ante las irregularidades denunciadas por el diputado del PP Ramón García Cañal.
Según el parlamentario del PP, este funcionario no sólo incumplía la incompatibilidad de trabajar para empresas externas al Principado sino que lo hacía para una empresa a la que tenía que controlar la ejecución de una obra (el Centro Deportivo y de Ocio de Langreo), un proyecto que tuvo además, según Cañal, un reparo de legalidad por la Intervención General del Principado al pagar a la empresa contratista cantidades superiores a las permitidas por la Ley.
En el caso del informe de la Sindicatura de Cuentas, su máximo responsable, Avelino Viejo, informó ayer en la Cámara del informe elaborado por este órgano que aludía a la existencia de deficiencias de carácter administrativo en las obras de construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Según este documento, en la mesa de contratación se establecieron subcriterios no conocidos que carecen de la objetividad exigida en la Ley de Contratos de la Administración Pública y sólo propician la posibilidad de la arbitrariedad".
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