Oviedo.- El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado hoy, con los votos en contra del PSOE y de IU, una moción del PP que pedía constituir una comisión para investigar la gestión del ex jefe del servicio de arquitectura de la Agencia de Proyectos Culturales, que cesó en su cargo el pasado 10 de octubre.
El diputado regional de IU, Javier Garcia Valledor (d), tras finalizar su intervencion en el pleno de la Junta General celebrado esta mañana.
De la votación de esta iniciativa se ausentó el diputado de IU Francisco Javier García Valledor que, previamente, se había limitado a señalar en su turno de intervención que su grupo parlamentario "había decidido votar en contra" de la moción del PP.
La destitución de Alejandro Alcázar Palacio fue decidida por la Consejería de Cultura después de que el Gobierno anunciara la apertura de un expediente informativo ante las irregularidades denunciadas por el diputado del PP Ramón García Cañal.
Según el parlamentario del PP, este funcionario no sólo incumplía la incompatibilidad de trabajar para empresas externas al Principado sino que lo hacía para una empresa a la que tenía que controlar la ejecución de una obra (el Centro Deportivo y de Ocio de Langreo).
Este proyecto tuvo además, según Cañal, un reparo de legalidad por la Intervención General del Principado al pagar a la empresa contratista cantidades superiores a las permitidas por la Ley.
Según el diputado popular, el ex jefe de servicio trabajó en numerosas ocasiones para empresas contratadas por el Principado en proyectos como los acometidos en la Universidad Laboral, en la reforma y ampliación del Museo de Bellas Artes o en Centro Óscar Niemeyer, de cuyas mesas de contratación formó parte.
"No nos vale decir que está cesado y que ya está solucionado el problema", ha advertido Cañal que ha negado que, tal y como sostuvo el Gobierno se tratase sólo de un caso "de responsabilidad administrativa por incumplimiento de normas de incompatibilidad".
A su juicio, es necesario aclarar para cuántas empresas ha trabajado Alcázar Palacio, cuántas de ellas han trabajado a su vez para la Consejería de Cultura y si el ex jefe de servicio y arquitecto ha desempeñado también estas funciones en compañías que operen en otras comunidades autónomas.
Según García Cañal, a esta circunstancia se añade el hecho de que el actual gerente de la constructora pública SEDES, Santiago Caicoya, -adjudicataria de varias de las obras mencionadas por el diputado del PP- "lo fichó por libre designación para la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales".
Para el diputado socialista Álvaro Álvarez, en el caso del Centro Deportivo de Langreo el Gobierno se limitó a "discrepar" del reparo planteado por la Intervención General del Principado y atendió al pago de una obra "ejecutada" para evitar una posterior reclamación judicial de la empresa adjudicataria.
En el caso del resto de supuestas irregularidades denunciadas por Cañal, Álvarez ha admitido que "parece" haber "un problema de incompatibilidad manifiesto", lo que ha determinado una actuación "diligente" del Gobierno regional al expedientar y posteriormente cesar al ex jefe del servicio de arquitectura de la Agencia.
Según el portavoz socialista, el resto de los argumentos del PP forman parte "de una trama maquiavélica que es fruto de la imaginación del señor Cañal" cuyas denuncias obedecen a "elucubraciones" con el objetivo de hacer "ruido político".
Álvarez ha incidido en que, a pesar de que Alcázar Palacio formaba parte de las mesas de contratación de los proyectos, "nunca la actuación de un funcionario es decisiva" a la hora de la adjudicación ya que se trata de órganos colegiados.
"Si se ha causado perjuicio al interés público, las personalidades serán depuradas", ha asegurado el parlamentario del PSOE antes de emplazar al PP "a buscar una mejor causa para crear una comisión de investigación".
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