El Tribunal de Cuentas aprecia la falta de homogeneidad en los indicadores para fiscalizar el sector público

Madrid.-  El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, ha señalado hoy la falta de indicadores homogéneos para fiscalizar el sector público, tanto autonómico como local.

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(EFE)

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez.

Así lo ha constatado durante la presentación del Informe de Fiscalización de los sectores públicos autonómicos y locales en 2003, en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Senado.

En cuanto al sector autonómico, destaca que la diferente estructura de las cuentas generales de las comunidades y los distintos esquemas y contenidos de sus informes "han limitado la posibilidad de ofrecer una información homogénea" y recuerda que el Tribunal ya lo ha constatado en anteriores ocasiones.

Añade que en 2003 no había plan general de contabilidad pública en Madrid, se había implantado parcialmente en Baleares, mientras que Navarra elaboró sus estados financieros según el plan del Estado de 1994, y en el País Vasco se aplicó otro aún no aprobado.

Destaca que otras autonomías, que no específica, carecen de sistemas contables de gasto, lo que impide conocer las desviaciones de financiación y el remanente de tesorería, por lo que Núñez ha recordado que el Tribunal elevó a las Cortes una moción en la que propugna la elaboración de un Plan General de Contabilidad Pública.

El informe recoge el crecimiento de las entidades públicas autonómicas, que pasaron de 885 en 2002 a 1.032 en el año siguiente.

Se reconocieron obligaciones por 146.524 millones de euros y derechos por 148.040 millones.

Los créditos presupuestarios finales ascendieron a 115.731 millones de euros, con un incremento medio de un 13 por ciento, respecto a 2002, con una significativa dispersión en el incremento por comunidades que varía entre el aumento de un 29 por ciento en Baleares y un 6 por ciento en Navarra y Asturias.

Con carácter general estos incrementos se corresponden a la asunción en 2002 de las transferencias de sanidad.

El importe global de los créditos finales para el gasto sanitario ascendió a 37.143 millones de euros.

Por lo que se refiere a la financiación de las autonomías, los recursos percibidos a través del sistema de financiación supusieron el 72 por ciento, mientras que lo percibido a través de la Unión Europea o de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI), supusieron el 15 por ciento, y los recursos propios el 13 por ciento restante.

Por endeudamiento, se reconocieron ingresos por 4.421 millones de euros, por lo que el endeudamiento financiero acumulado llegó a los 37.978 millones de euros.

Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana acapararon el 54 por ciento de la deuda financiera autonómica, aunque los mayores incrementos interanuales se registraron en Baleares, País Vasco y La Rioja.

El informe alude también a los fondos percibidos a través del FCI que en 2003 ascendieron a 955 millones de euros, de los que Andalucía percibió el 40 por ciento del total.

También se beneficiaron Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias, Murcia, y la Comunidad Valenciana, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto al sector público empresarial, hubo pérdidas por 2.415 millones de euros, saldo que aumenta hasta los 7.328 si se miran los resultados antes de las subvenciones públicas.