Los paramilitares del pasado desgastan a Uribe y los del presente se dejan notar

El furor ante un posible acuerdo con las FARC ha traspasado las fronteras colombianas. Tanto es así que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, ha viajado hasta el país americano para pedir personalmente al presidente Álvaro Uribe todas las facilidades para retomar las conversaciones con el grupo guerrillero. Tras muchos meses de oposición, parece que el mandatario está a punto de ceder a las peticiones de las autoridades galas, en un momento muy delicado de su gestión. Así, mientras el acuerdo humanitario se encuentra en 'stand by', la sombra del paramilitarismo ha reaparecido con fuerza tres años después de la tan loada Ley de Justicia y Paz, un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el grupo paramilitar AUC. Esta vuelta a escena podría complicar las cosas a Uribe, cada vez más acosado por la opinión pública internacional debido a los nexos de sus colaboradores más íntimos con los paramilitares.

(EFE)

Las fuerzas paramilitares siguen presentes en Colombia.

Aunque nunca desaparecieron del todo, la presencia paramilitar se ha sentido con más fuerza en los últimos meses y, sin duda, el hito fundamental ha sido la marcha del 6 de marzo contra el paramilitarismo y los crímenes de estado, que ha desatado una ola de amenazas y asesinatos en Colombia. Esta marcha fue convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que agrupa más de 200 organizaciones de víctimas del paramilitarismo y crímenes de Estado en Colombia, a raíz de la manifestación de febrero contra las FARC que gozó de gran éxito y todo el apoyo institucional. El director del MOVICE, Iván Cepeda, no tardó en ser señalado con el dedo por todos.

Primero fue el propio gobierno colombiano. El asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, un personaje controvertido por ser el primo del conocido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, negó el apoyo institucional a la marcha, alegando que esta estaba convocada por las FARC. "Nosotros nos desmarcamos de estas afirmaciones", explica Cepeda, cuya organización lanzó un comunicado "para que nadie se uniese a la marcha animado por las FARC".

Tan sólo un día después, en Colombia Libre, una web de las AUC supuestamente desmovilizadas, aparece un editorial condenando la manifestación, vinculándola de nuevo con las FARC y señalando a Iván Cepeda como "principal instigador". Para él, ese fue el detonante de los sucesos que ocurrieron más adelante, desde el atentado contra una activista del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y promotora de la marcha en Pereira, hasta el asesinato de nueve sindicalistas vinculados a este movimiento.

"Eres hombre muerto", rezaba una misiva dirigida a un ex concejal que participó en la marcha. Del mismo modo, los miembros de organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga y la Corporación Reiniciar, viven hoy con la losa de las amenazas de muerte. ¿El motivo? "Ustedes utilizaron dicha marcha para hundirnos más y poner a la gente en contra nuestra. Comenzaremos a matarlos", explica en una carta un grupo que se autodenomina las 'Águilas Negras'.

Amenazas institucionales, amenazas paramilitares

Para Iván Cepeda, mucho tuvieron que ver estas amenazas con las palabras de José Obdulio Gaviria, en calidad de asesor gubernamental. "Nos acusaron hasta en cinco ocasiones de ser miembros del las FARC, creándose el caldo de cultivo propicio para las amenazas", observa el director del Móvice. Este hecho ha trascendido fuera de las fronteras del país y ha llegado a Estados Unidos en pleno debate sobre la conveniencia de ratificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, que cuenta con la oposición de buena parte del Partido Demócrata. Hasta 63 congresistas del país norteamericano firmaron una carta dirigida a Gaviria para que cese el acoso a los organizadores de la manifestación contra los paramilitares. La misiva, que apenas ha tenido repercusión en Colombia, ha quedado pendiente de respuesta.

Sin embargo, la creencia de que estos grupos son historia desde la Ley de Justicia y Paz se ha extendido de tal forma que las instituciones apenas ofrecen cobertura a las víctimas de la violencia paramilitar que aún perdura. Las organizaciones sociales de Colombia denuncian que ya no existe la columna para registrar a los afectados de paramilitarismo. "Se los intenta hacer pasar por desplazados de bandas emergentes o bandas criminales", cuenta Cepeda, al mismo tiempo que denuncia que "el Gobierno califica a los nuevos paramilitares como delincuentes ligados al narcotráfico, sin embargo, estos grupos persiguen a defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas y asesinan a líderes sindicales". Según él "todos estos son crímenes con un claro contenido político, por lo que no puede decirse que sean cometidos por delincuencia común".

Por otro lado, según Cepeda, "estos hechos prueban que el paramilitarismo es una realidad en muchos departamentos de Colombia como Nariño, Santander, Sucre y, por supuesto, en Bogotá", en contra de las afirmaciones del gobierno colombiano que asegura que las AUC ya no existen. El propio Salvatore Mancuso, uno de los principales líderes paramilitares que permanece en la cárcel, ha llegado a decir que "el paramilitarismo de estado es una realidad". De hecho, en una entrevista emitida esta semana en RCN, aseguró que más del 50% del congreso colombiano "podría estar involucrado en el escándalo". Hasta las Naciones Unidas se han visto obligadas a reconocer que el problema paramilitar sigue vivo en Colombia.

El mismo Mancuso, poco antes de desmovilizarse, aseguró que las AUC controlaban el Congreso de Colombia, unas afirmaciones que tuvieron muy poca repercusión en su momento, pero que comienzan a ser difíciles de contener. La detención hace unos días de Mario Uribe Escobar, ex senador y primo carnal del presidente colombiano, y de su jefe de partido, por nexos con el paramilitarismo se lo ponen difícil al Ejecutivo nacional, aunque Uribe sigue sosteniendo que "vincular al presidente con el paramilitarismo" va a ser complicado.