La democracia no termina de cerrar las heridas de las víctimas de la dictadura en Argentina

Buenos Aires.-  Veinticinco años de democracia no han bastado para cicatrizar las heridas del pasado en Argentina, pero sí para honrar parcialmente la deuda contraída con las víctimas del terrorismo de Estado que asoló al país de 1976 a 1983.

ampliar foto

(EFE)

Treinta y tres represores de la dictadura militar condenados, otros cientos procesados y 95 hijos de desaparecidos "recuperados" figuran en el haber de dos décadas y media de gobiernos constitucionales en materia de derechos humanos.

Treinta y tres represores de la dictadura militar condenados, otros cientos procesados y 95 hijos de desaparecidos "recuperados" figuran en el haber de dos décadas y media de gobiernos constitucionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, coinciden entidades humanitarias consultadas por Efe, no fue sino en el último lustro cuando se produjeron los avances más significativos, gracias a la "decisión política" del hoy ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) para que se investigaran los crímenes de la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos.

El "agujero negro" de la democracia argentina tiene nombre y apellido: Jorge Julio López, un albañil septuagenario que está en paradero desconocido desde que hace 25 meses testificó contra un represor de los "años de plomo".

En 1985, dos años después de la recuperación de la democracia, se celebró el histórico juicio a las Juntas Militares que concluyó con severas condenas para los principales jerarcas del régimen.

Pero en 1986 y 1987, el entonces presidente Raúl Alfonsín, acosado por rebeliones militares, impulsó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que beneficiaron a un millar de agentes de la dictadura.

La primera ponía un límite de tiempo para el procesamiento de los acusados de violaciones de derechos humanos, mientras que la segunda consagraba la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron forzados por los mandos superiores.

"Las grandes expectativas que teníamos con Alfonsín (1983-1989) se derrumbaron rápidamente", recuerda Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el sector más radical en el que se dividió la agrupación.

"Lamentablemente Alfonsín perdió la oportunidad de pasar a la historia, porque con una mano firmó el juicio a las Juntas Militares y con la otra las leyes de impunidad", acota Taty Almeida, líder de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

No obstante, Almeida considera como pasos positivos de aquel período la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con la misión de relevar y documentar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y el proceso judicial contra los altos mandos militares.

"El juicio fue impecable legalmente, porque se condenó, y humanamente, porque la valentía de los sobrevivientes, los ex presos y los exiliados permitió abrir los ojos de los argentinos", apuntó en declaraciones a Efe.

Tanto de Bonafini como Almeida denunciaron retrocesos en el campo de los derechos humanos durante las gestiones de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003).

"Menem indultó a los asesinos y hundió al país", consideró Almeida, mientras Bonafini recordó que ni Menem ni De la Rúa, a quien tilda de "inepto para gobernar", se "dignaron a recibir a las Madres".

El tiempo de las "viejas locas" que en 1977 salieron a la calle para exigir conocer el paradero de sus hijos llegó durante el Gobierno de Kirchner, "el único que puso lo que había que poner" para que los crímenes del terrorismo de Estado no quedaran impunes, a juicio de Almeida.

"Seríamos ingratas si no reconociéramos que con Kirchner logramos reivindicaciones que aún hoy no podemos creer", señaló.

"Por fin encontramos un espacio, una decisión política para saldar esa asignatura pendiente que había con nuestros hijos", insistió, antes de destacar que la presidenta Cristina Fernández "profundiza" la política de derechos humanos de Kirchner, su marido y antecesor.

Poco antes de asumir como mandatario de Argentina en mayo de 2003, Kirchner lloró y pidió perdón en nombre del Estado por el silencio ante las "atrocidades" de la dictadura e impulsó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El Parlamento las declaró nulas en agosto de 2003 y dos años más tarde la Corte Suprema convalidó esa decisión, lo que supuso la reapertura de cientos de causas por delitos cometidos durante la "guerra sucia" y el regreso a prisión de varios ex militares.

El máximo tribunal argentino completó su faena anulando en 2007 los indultos concedidos en 1989 y 1990 por Menem a jerarcas del régimen militar y dirigentes guerrilleros.

"Kirchner hizo más de lo que esperábamos, desde impulsar los juicios hasta entregar la ESMA", subrayó De Bonafini, en alusión a la principal cárcel clandestina de la dictadura, convertida en Espacio de la Memoria durante su gestión.