Los juristas creen necesario más apoyo para que las víctimas continúen los procesos

A Coruña.-  Expertos en legislación sobre violencia de género creen que la actual normativa "excluye" muchas veces "la voluntad de las víctimas" e insisten en que se debe incidir más en recursos de apoyo psicológico para que sean ellas las que tomen la decisión de continuar el proceso penal y no retiren las denuncias.

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(EFE)

La senadora del PP María Jesús Sainz.

Esos son algunos de los puntos tratados en unas jornadas celebradas en la Universidad de A Coruña, en las que se analiza la normativa penal desde una perspectiva de género, centrándose en los roles atribuidos a la mujer, cómo influyen éstos en la violencia y los problemas procesales derivados de la legislación.

María de los Ángeles Catalina, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, señaló que la Ley Integral contra la Violencia de Género "parece excluir la voluntad de las víctimas", al considerar las agresiones como delitos públicos y excluir la mediación.

Ese primer punto, explicó, supone que el proceso penal "lo puede empezar cualquier persona" y eso, dijo, conlleva el riesgo de que el actor popular "pueda llegar a suplantar la voluntad de la víctima y seguir el proceso en contra de la decisión de la mujer".

En este sentido los expertos insisten en que se incida más en recursos de apoyo psicológico a las víctimas para que sean ellas las que tomen la decisión de continuar el proceso, una vez iniciado, sin echarse atrás por diversos factores, como el miedo al agresor o la dependencia económica, una decisión en la que los familiares pueden jugar un papel importante.

Catalina detalló que hay tres posibilidades dentro del proceso penal para los que cree que la actual legislación no está preparada: el supuesto de violencia oculta; la retirada de la denuncia por parte de la propia víctima; y la negativa de ésta a declarar.

"Sólo se denuncian entre el 10 y el 30 por ciento de los casos" de violencia en el ámbito doméstico, recordó esta docente, quien puso sobre la mesa que en 2007, "en el 70,9 por ciento de los casos con muerte no se había incoado ningún expediente por malos tratos".

Sin embargo, a pesar de ello, las estadísticas revelan que, la mayoría de las veces, son las propias afectadas las que presentan la denuncia, un 75 por ciento de los casos, según datos del Poder Judicial del primer trimestre de 2008, mientras que sólo un 1,8 por ciento las han interpuesto familiares, por lo que instó a "seguir trabajando para que el entorno de la víctima denuncie más".

En cuanto a la retirada de la denuncia, ésta se da "en un 11 por ciento de los casos, porcentaje que podría considerarse anecdótico", resaltó la profesora, aunque, si el Fiscal o el actor popular resuelven que el proceso debe continuar, éste lo hace aun a instancias de la voluntad de la mujer.

Raquel Castillejo, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela, denunció que "el legislador ha optado por criminalizar todo el entorno de la pareja, de forma que la violencia de género se convierte en un asunto de Estado".

Con ello, considera que "casi se ha olvidado a la víctima", respecto a lo que puso como ejemplo medidas sociales, económicas o psicológicas a las que ésta no puede acceder si no ha denunciado previamente los hechos, criticó.

Castillejo incidió en que, desde el punto de vista penal, "no es lo mismo un bofetón que la mujer le da al hombre que otro que él le propina a ella", porque se presupone una "vulnerabilidad" por el hecho de ser mujer, algo que está considerado "un factor de riesgo".

Con esta actitud, "el legislador trataba de que el agresor se lo pensase dos veces antes de cometer un acto de violencia", de que tuviese en cuenta la pena que se le podría aplicar, pero la experta subrayó que el maltratador no responde al mismo perfil que otro tipo de delincuentes con los que esta teoría podría tener validez.

"La mayor parte de las veces -dijo- el individuo que maltrata no sufre ninguna deficiencia, sino que es un hombre normal cuyo objetivo es la dominación de la mujer".

Sobre la decisión de la víctima de no declarar contra su agresor, la profesora aludió a la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2006, que revela que la víctima se acogió a la dispensa, motivando la sentencia absolutoria, al ser ella el único testigo de los hechos, en un 62,86 por ciento de los casos.

Otro punto en el que incidió esta experta es en que "hay un tipo de violencia más dura incluso que la física, y es la psicológica". "La muerte de su pareja es un fracaso para ellos. La matan porque no han conseguido dominarla", aseguró.

Sin embargo, en muchos casos, "las víctimas han llegado a olvidar que la libertad existe", una actitud que explica la teoría psicológica de "la indefensión aprendida", que establece que un sujeto aprende a creer que no tiene control sobre la situación en la que está y que cualquier cosa que haga para solucionarla es inútil.