Gobierno adecuará POL y los PORN a sentencias de derribo de urbanizaciones

Santander.-  El consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Mazón, ha anunciado hoy que el Gobierno adecuará el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y los planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) a las sentencias de derribo sobre urbanizaciones de Cantabria, ya que son los instrumentos sobre los que el Ejecutivo tiene "competencia directa".

Mazón, que ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar el plan elaborado por su Consejería sobre las urbanizaciones con sentencias de derribo en la región, ha descartado la elaboración y aprobación de un proyecto normativo que dé una solución "directa" a los derribos, a través de una "ley de punto y final", puesto que sería "claramente inconstitucional".

Sin embargo, ha apuntado que en algunos casos sí sería posible la "subsanación" de ciertos "requisitos formales", lo que daría lugar a una "legalización" de algunos inmuebles, si bien la capacidad del Ejecutivo para actuar en ese sentido es "muy limitada".

Mazón ha explicado así que la corrección de esos "defectos" de forma requeriría la adopción de acuerdos por los ayuntamientos, que "son los que tienen la responsabilidad" en los planes parciales y planeamientos y no necesitan "ninguna intervención autonómica, ni de informe ni de aprobación" a ese respecto.

Ha aseverado que este plan supone un "primer paso", puesto que es un documento "vivo" que "posiblemente" deberá modificarse con el tiempo, y ha agregado que sirve al Ejecutivo para estudiar las posibilidades del ordenamiento jurídico "para ver si en algún caso hay la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia", pero "nunca" con el objetivo de que los fallos judiciales no se ejecuten.

Los municipios con urbanizaciones con sentencias de derribo incluidos en el plan del Gobierno son Arnuero, Piélagos, Escalante, Miengo y Argoños y todos ellos, a excepción de este último, están revisando sus respectivos planeamientos, aunque sin haber llegado a la aprobación provisional, por lo que los documentos son aún de competencia municipal, ha afirmado Mazón.

En Cantabria se han dictaminado, desde finales de los años 80, más de veinte sentencias de derribo sobre viviendas, que, según ha indicado el consejero, anulan, en su mayoría, la licencia de construcción y ordenan la demolición.

El plan del Gobierno realiza un informe individualizado de las sentencias, de modo que indica cómo les afecta el planeamiento territorial y urbanístico en cada caso.

Según figura en ese informe, en las zonas de las urbanizaciones de La Arena (Arnuero) y Cerrías (Piélagos), los nuevos planeamientos municipales, que tendrán que respetar el POL y la Ley del Suelo, podrían plantear sistemas de espacios libres, con la previsión de aprovechamiento y compensaciones a los propietarios afectados.

En las zonas de las urbanizaciones "Entre Lindes" y de la unidad L-05 (Promociones Valle de Mortera), de Piélagos, se podría plantear un modelo tradicional de suelo urbanizable, con la elaboración de un plan parcial y "un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los afectados", ha declarado Mazón.

En las urbanizaciones Las Llamas 1 y 2 y La Llana, de Argoños, municipio que cuenta con un planeamiento adaptado a la Ley del Suelo, el Gobierno entiende que corresponde al Ayuntamiento verificar si esas edificaciones se encuentran amparadas por la actual ordenación, lo que "podría dar lugar a la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias".

Mientras, en el caso de Pueblo del Mar, también en Argoños, cuya licencia fue anulada por extenderse a suelo de otros municipios, se va a proceder a realizar un reajuste cartográfico con los límites de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, dado que ya se delimitó correctamente la zona.

En Cuchía (Miengo), el plan apunta como una de las posibles soluciones la solicitud de nuevas licencias, aunque con el "riesgo" de que se planteen nuevos recursos.

El consejero ha recordado que "Las Torres", en Escalante, está en la plaza central del pueblo y no en terrenos que sean de aplicación del POL, de manera que es el Ayuntamiento el que podrá establecer una ordenación que ampare la edificación mediante "las compensaciones que le correspondieran".