Zaragoza.- Casi el 30 por ciento de los ciudadanos a los que se les adjudica una vivienda protegida en Aragón renuncia por falta de financiación, según reconoció hoy el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente.
Casi el 30 por ciento de los ciudadanos a los que se les adjudica una vivienda protegida en Aragón renuncia por falta de financiación.
Vicente compareció hoy en la Comisión de Obras Públicas de las Cortes de Aragón para explicar, a petición de CHA, la marcha del Plan de Vivienda de Aragón, cuya ejecución, dijo, llega al 82% de las 28.385 actuaciones previstas a falta de siete meses para que concluya el plazo.
Reconoció, como sugirió el diputado del PP Francisco Javier Gamón, que quizá sea necesario hacer un estudio sobre las necesidades reales de vivienda protegida en Aragón, su tamaño y si se dedican a venta o alquiler, porque cuesta creer que la demanda real se ajuste al número de personas inscritas en el "Toc-toc".
En ese sentido, puso como ejemplo que para adjudicar 150 viviendas de una promoción en Zuera ha habido que llamar a 800 personas y otras 150 están por asignar.
Apuntó que se ha hecho suficiente vivienda protegida en Aragón para la venta, incluso con módulos bajos, pero no se ha sido capaz de impulsar el alquiler, que se potencia en la modificación del decreto del "Toc-Toc", que hoy ha recibido el informe definitivo de la Comisión Jurídica Asesora (COJA) y espera aprobarlo en el próximo Consejo de Gobierno.
También se refirió a la nueva Ley de Urbanismo de Aragón, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, que prevé la declaración de proyectos de interés general, un instrumento "razonable" que se va a utilizar con criterios sociales para disponer de suelo público para viviendas protegidas, lo que "no choca", dijo, con la autonomía municipal.
Respecto al plan, especificó que del total de actuaciones, 14.400 corresponden a viviendas protegidas para venta (con una ejecución del 81%), 2.225 en alquiler (62%), 212 ayudas a propietarios de viviendas libres para alquiler (47%), 1.190 para el inquilino (se han sobrepasado, hasta el 117%), 2.000 para la adquisición de la vivienda usada y rural (46%), 7.983 a la rehabilitación (93) y 373 ayudas a suelo (124%).
Agregó que el actual plan prevé 28.385 actuaciones frente a las 20.010 del anterior, lo que hace que sea el "más ambicioso con el que jamás ha contado la Comunidad Autónoma", que además es "real, con posibilidades absolutamente ciertas de consumir las ayudas", que se han orientado hacia los regímenes en los que hay mayor demanda y supone un paso "acorde y decisivo para cumplir los compromisos del Gobierno de Aragón de calificación de viviendas".
También se refirió a la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, creada en 2001 para facilitar el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna y de calidad, que ha promovido viviendas directamente en 68 municipios con 78 promociones, lo que supone más de 1.500 viviendas, y además otras mil están en proyecto o estudio y suelo para desarrollar otras mil.
El popular Francisco Javier Gamón insistió en la necesidad de que haga un estudio real sobre la necesidad de vivienda protegida para evitar crear un problema entre la oferta y la demanda y "colapsar" el mercado, e hizo hincapié en que en época de crisis el mercado tiende hacia los pisos protegidos por la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.
Defendió además estudiar los módulos en las viviendas para buscar un equilibrio en su cuantificación entre los fines públicos y la rentabilidad económicas de las promotoras, tanto públicas como privadas.
Bizén Fuster, de CHA, estimó que urgen las medidas para agilizar el proceso de adjudicación de viviendas protegidas para que sea interesante para compradores y promotores, y que el nivel de ejecución del plan "no cuadra" con las prioridades que se plantean, ya que las acciones destinadas al alquiler, que son "muy modestas", son las que se han ejecutado en un porcentaje más bajo.
Adolfo Barrena, de IU, criticó que en Aragón se construya una vivienda protegida por un mínimo de cuatro libres y que de las protegidas se dedique una al alquiler por cada siete para venta, al tiempo que consideró que aunque el plan se cumpla por completo es "insuficiente" porque se opta por la venta, que sólo resuelve el problema de un determinado sector y el más vulnerable "se queda fuera".
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