El PSOE y el PP, ante el reto de cerrar el enfrentamiento entre Comunidades por el agua del Tajo

Toledo.-  El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que iniciará su andadura en el Congreso el martes, pondrá a prueba la capacidad del PSOE y del PP para articular una política hidráulica que acabe con los enfrentamientos territoriales por el trasvase Tajo-Segura.

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(EFE)

El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que iniciará su andadura en el Congreso el martes, pondrá a prueba la capacidad del PSOE y del PP para articular una política hidráulica que acabe con los enfrentamientos territoriales por el trasvase Tajo-Segura.

Más de veinte meses después de su aprobación por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Congreso debatirá la toma en consideración de una propuesta que incluye una disposición transitoria para reducir de forma paulatina las aportaciones de agua del Tajo al Segura hasta "su definitiva extinción" en 2015.

El presidente de la Junta, José María Barreda, defenderá el texto en el Congreso junto a los diputados regionales Leandro Esteban (PP) y José Molina (PSOE) con la ventaja que otorga a Castilla-La Mancha haber sido la única comunidad autónoma capaz de enviar a las Cortes Generales una propuesta estatutaria aprobada por unanimidad.

No obstante, los dos partidos castellanomanchegos y el propio Barreda reconocen la dificultad de que el Estatuto salga de las Cortes en los términos en los que ha sido planteado, pues decide sobre una infraestructura de titularidad estatal y, sobre todo, porque la unidad que suscita en Castilla-La Mancha es similar a la que ha surgido en Murcia y en la Comunidad Valenciana en defensa del trasvase.

De hecho, ante la cita del martes, las direcciones de los grupos socialista y popular del Congreso se esfuerzan para que los diputados valencianos y murcianos de ambas formaciones respeten la disciplina de voto y no escenifiquen su rechazo al texto con un voto en contra o una abstención.

Por si fuera poco, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, es desde junio la 'número dos' nacional del partido, lo que otorga a la dirección regional una fuerza que nunca ha tenido en Madrid, pero le impide dotar a su discurso de la intensidad que utilizan otros líderes regionales.

Cospedal, que intervendrá en el debate desde su escaño de senadora, defiende que la cuestión hidráulica exige un pacto nacional, mientras que Barreda se ha mostrado dispuesto a "flexibilizar" sus planteamientos en aras de ese gran acuerdo.

De momento, ambos partidos han introducido en su discurso la coletilla "en los términos en los que está planteado" a la hora de referirse al final del trasvase Tajo-Segura e insisten en que no se negará el agua para beber.

Pero también tienen claro que no aceptarán para el Estatuto de Castilla-La Mancha rebajas que no se aplicaron en textos tramitados con anterioridad, como el andaluz, el valenciano o el aragonés, casos en los que sólo se introdujeron matices a las principales demandas en materia hidráulica.

Y saben que el futuro del agua del Tajo se dilucida en el Plan de Cuenca que en estos momentos pergeña la Confederación Hidrográfica del Tajo y que debe estar aprobado el año que viene.

En ese documento se debe aumentar el caudal mínimo del Tajo para cumplir la directiva europea sobre el agua, que entrará en vigor en 2015, fecha en la que, en teoría, el Levante contará con desalinizadoras suficientes para sustituir el agua que llega del Tajo y Castilla-La Mancha tendrá nuevas infraestructuras para hacer uso de ese recurso.

El otro asunto que más dificultades puede generar a priori es el de la financiación, pues Castilla-La Mancha pide una inversión anual del Estado en la región equivalente a la media resultante de lo que representa la región en el PIB nacional, su población respecto a la del conjunto del Estado y el porcentaje de su extensión de su territorio dentro del total nacional.

Esta disposición va acompañada de otra por la que el Estado tendrá que aportar recursos iguales al 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha mientras la renta de la región no se equipare a la media del Estado.

Si la Cámara Baja aprueba la admisión a trámite del texto, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas de 15 días prorrogables si así lo solicitara un grupo parlamentario.

Después, la Comisión Constitucional del Congreso, por medio de una ponencia formada por parlamentarios nacionales y diputados autonómicos, analizará el proyecto hasta su debate en dicho órgano parlamentario.

El pleno de la Cámara Baja deberá volver a pronunciarse sobre el nuevo Estatuto, pero ya sobre el texto remitido por la Comisión, que de salir adelante recaerá en el Senado.