La UE no dejará quebrar a los bancos y suben la garantía de los depósitos para dar confianza

Luxemburgo.-  Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) dejaron hoy claro que no van a permitir quebrar a ninguna entidad financiera que pueda arrastrar al resto del sistema, pero decidieron elevar la garantía de los depósitos para convencer a la ciudadanía de la estabilidad del sistema.

ampliar foto

(EFE)

La ministra francesa de economía, Christine Lagarde, atiende durante una rueda de prensa al final de la reunión del Ecofin en Luxemburgo.

"Nuestra prioridad es restaurar la confianza y el funcionamiento normalizado del sector financiero", señalaron los Veintisiete en las conclusiones del encuentro, en el que también pactaron unos principios básicos que deben respetar las operaciones de rescate público de entidades en apuros.

La UE tomará "todas las medidas necesarias para reforzar la solidez y estabilidad del sistema bancario y para proteger los ahorros de los particulares", agregaron.

Aunque no contemplan un escenario de derrumbes bancarios, los ministros decidieron elevar hasta un mínimo de 50.000 euros, desde los 20.000 actuales, la cantidad que tiene derecho a recuperar cada titular de una cuenta o depósito en caso de quiebra de la entidad.

No obstante, la mayoría de los países, entre ellos España (donde el límite actual está en 20.000 euros por entidad y titular), fijarán una cifra de 100.000 euros.

En principio, esta modificación es de aplicación temporal, durante un año, pero los ministros encargaron a la Comisión Europea (CE) que presente de manera "urgente" una propuesta para avanzar hacia la convergencia entre los sistemas de garantía de depósitos vigentes en cada país.

Con esta medida y su aplicación inmediata, los ministros buscan atajar las distorsiones generadas por las decisiones adoptadas en los últimos días por varios Estados miembros -Irlanda, Grecia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria y Portugal- de ofrecer garantía total de los depósitos en entidades en su territorio.

Los Veintisiete también se mostraron hoy de acuerdo con el principio definido el pasado sábado por los líderes de los cuatro países europeos del G8 -Alemania, Francia, Italia y Reino Unido- de que la respuesta a la crisis actual debe adoptarse a escala nacional, pero siempre en coordinación con el resto de socios.

Recalcaron que, para garantizar la estabilidad del sistema y proteger a los ahorradores, puede ser apropiado inyectar fondos públicos a las entidades con problemas, algo que ya han hecho varios Estados miembros, como el Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y Holanda.

Pero coincidieron en que estas operaciones de rescate deben respetar unos principios básicos para no perjudicar a la competencia ni malgastar el dinero de los contribuyentes.

La asistencia pública ha de ser, en principio, temporal, y no podrá implicar un subsidio para los accionistas de la compañía en el pago de los títulos.

El Gobierno que se vea obligado a intervenir alguna entidad tendrá capacidad para cambiar al equipo directivo y también para decidir sobre su remuneración, para evitar la percepción de primas injustificadas por una gestión dudosa.

Para evitar una desventaja competitiva con las entidades del otro lado del Atlántico, acordaron, asimismo, pedir a los supervisores que pongan en práctica las recomendaciones de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y dejen de aplicar la regla "mark to market", que obliga a las entidades europeas a contabilizar sus activos en función de su valor de mercado.

Por último, los ministros valoraron la decisión de la Comisión de ser flexible al aplicar las reglas comunitarias sobre ayudas de Estado a las recientes intervenciones públicas de entidades financieras.

Lo que no lograron hoy los Veintisiete fue un acuerdo para sacar adelante la norma sobre requisitos de solvencia de las aseguradoras, por la oposición de España y otros países al modelo de supervisión propuesto para las entidades que operan en varios estados .

La propuesta da al supervisor del país donde la aseguradora tiene su sede la última palabra en decisiones clave, algo que rechazan España y varios países más, que forman una minoría de bloqueo.