Aumentan las acciones judiciales contra periodistas en Colombia, según un informe del SIP

Madrid.-  Las acciones de carácter judicial contra medios de comunicación y periodistas en Colombia aumentaron en esta segunda mitad del año, aunque no se registraron homicidios relacionados con la profesión, según un informe presentado hoy en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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(EFE)

El director del diario "El Heraldo" de Colombia, Gustavo Bell, presenta su informe en la Comisión de Libertad de Prensa e Información, durante la 64ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en Madrid.

La libertad de prensa y de opinión se ha visto afectada en los últimos meses por el incremento de la polarización política y las continuas fricciones entre distintas ramas del poder público, agrega el documento expuesto por el director del diario "El Heraldo", Gustavo Bell.

El informe, presentado ante la 64 Asamblea General de la SIP que se celebra en la capital de España, será aprobado el martes próximo por los editores y directivos de medios de prensa americanos que forman parte de la sociedad.

Además de las acciones judiciales y administrativas contra medios de comunicación colombianos, aumentó el uso de mecanismos de presión contra periodistas, como citaciones a declarar en investigaciones judiciales, lo que supone un desconocimiento del secreto profesional establecido en la Constitución, agregó.

Desde el Gobierno colombiano se lanzaron descalificaciones sobre medios y periodistas porque publican investigaciones y denuncias relacionadas con hechos en los que están implicados funcionarios o congresistas de su coalición, como es el caso de la llamada parapolítica (la presunta implicación de políticos con paramilitares), el narcotráfico y sus relaciones con algunos miembros de la fiscalía y la policía nacional, según el informe.

Entre los periodistas denunciados penalmente por calumnia e injuria mencionó una decena de ellos pertenecientes a la casa editorial El Tiempo, al Heraldo, El Colombiano y El País.

Además, varios periódicos afrontan tutelas y demandas por informaciones que se publican con base en boletines de la Fuerza Pública, según el documento.

En el plano legislativo, prosigue el texto de la SIP, el Congreso colombiano estudia un proyecto de ley que regula el derecho a la información con graves implicaciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo.

La norma crearía un consejo de información conformado por autoridades y asociaciones de medios y periodistas con el riesgo de que podrían erigirse en una especie de tribunal de censura, alertó Bell.

También se estudia un proyecto para sustituir por una multa la pena de prisión prevista ahora para el delito de injuria y calumnia, y que elimina la calumnia indirecta.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, este semestre disminuyeron las violaciones relacionadas con amenazas, que siguen siendo la forma más común de intimidación y presión, especialmente contra periodistas que ejercen la profesión en provincias.

Entre otros datos destacados, se menciona que la fiscalía anunció que hace averiguaciones para reabrir formalmente la investigación del homicidio del director del "El Espectador", Guillermo Cano, en diciembre de 1986.

El informe señala que en julio un grupo de soldados dispararon al aire e impidieron el trabajo de varios periodistas del diario La Nación del Huila, RCN Television y el Magazin 740 de San Vicente del Caguán, cuando buscaban información sobre un enfrentamiento armado.

Además, algunos periodistas denunciaron amenazas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando cubrían la Marcha por la Libertad el 20 de julio pasado, día de la Independencia, convocada para exigir la liberación de todos los secuestrados y por la paz.

La Corte Suprema de Justicia y una comisión de la Cámara de Representantes citaron a varios periodistas para declarar en un proceso de la parapolítica y en otro por cohecho.

La fiscalía también llamó a declarar a periodistas por sus presuntos nexos con las FARC, basándose en la información obtenida en los ordenadores del fallecido jefe rebelde "Raúl Reyes".