La SIP advierte de acciones políticas y judiciales que intimidan los medios de prensa brasileños

Madrid.-  Los profesionales y los medios de prensa brasileños se sienten intimidados por determinadas acciones políticas y judiciales, en un clima que "afecta de manera directa la libertad de prensa", advirtió hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra su 64 Asamblea General en Madrid.

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(EFE)

El presidente de honor del Consejo de Vocento, Santiago de Ybarra (i), conversa con el presidente del grupo brasileño RBS, Jayme Sirotsky, durante la 64ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en Madrid.

El editor del Grupo Abril, Sidnei Basile, presentó ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP el informe correspondiente a Brasil, que abrió expresando su preocupación por "las declaraciones de las autoridades defendiendo la violación del principio constitucional de mantener en secreto las fuentes".

Basile también manifestó la inquietud generada por "el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso para definir normas que penalicen las prácticas ilegales de escuchas telefónicas", porque "propone la misma pena de reclusión de 2 a 4 años para los periodistas que divulguen tal información".

"Ello termina por intimidar a los profesionales de la prensa y los medios de comunicación, lo que afecta de manera directa la libertad de prensa", subrayó el representante brasileño.

El editor del Grupo Abril recordó que el origen de la polémica fue la revelación, en un artículo de la revista "Veja", de grabaciones realizadas por espías oficiales de conversaciones telefónicas entre el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, y el senador Demóstenes Torres, opositor al Gobierno.

En el informe se subraya también que "se han registrado en el país diez nuevos casos de supresión, o intentos de supresión, de la libertad de prensa" y que la Asociación Nacional de Periodistas (ANJ) "ha sido una constante crítica de esas decisiones judiciales, mediante manifestaciones públicas, que destacan la inconstitucionalidad de las sentencias".

Y se añade que "los casos en los que el sistema de Justicia se atribuye el papel de definir previamente lo que se puede o no publicar en los medios, son recurrentes y atacan el más importante principio constitucional de la libertad de expresión. Dañan los derechos de los ciudadanos y se constituyen en una lamentable práctica antidemocrática".

Basile destacó la importancia de que el STF prorrogara en agosto, para un plazo de seis meses, la suspensión de 20 de los 77 artículos de la Ley de Prensa, de acuerdo con una decisión del ministro Ayres Britto, en respuesta a una demanda presentada por el diputado del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), Miro Texeira.

Pero las entidades que representan a las empresas periodísticas quieren más, añadió Basile, quien explicó que "el objetivo es terminar con la actual Ley de Prensa y regular los criterios y principios que aseguren la libertad de prensa y el funcionamiento de las empresas periodísticas".

En cuanto a la regulación del ejercicio periodístico, indicó que después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetara en 2006 una ley que iba a ampliar las actividades privadas de los periodistas, se firmó un acuerdo con el ministerio de Trabajo para elaborar una legislación que reglamente la profesión.

"Dos años después, la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) ejerció presión sobre el Gobierno y se estableció un grupo de estudio en agosto de 2008 con el fin de viabilizar un texto, convenido entre sindicatos, entidades patronales y Gobierno, dentro de un periodo de 90 días", manifestó.