Vitoria.- Ezker Batua, que está personada como acusación particular en el denominado "caso Ali", ha solicitado una pena de un año de cárcel para Jorge Ibarrondo, edil del PP en el Ayuntamiento de Vitoria en la pasada legislatura, por un supuesto delito de prevaricación urbanística.
El ex concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo (i), acompañado de su abogado, a su llegada a la Audiencia Provincial de Vitoria donde compareció como testigo en el caso del sobreprecio de los chalés bioclimáticos de Ibaiondo el pasado mes de abril.
EB ha registrado hoy en el juzgado las conclusiones sobre este caso en las que pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Álava contra Jorge Ibarrondo.
La Fiscalía ha solicitado ya una pena de seis meses de prisión y la inhabilitación para el cargo de concejal durante siete años para Ibarrondo ya que considera que cometió un supuesto delito de prevaricación cuando era edil de Urbanismo.
Los hechos que se investigan son los relacionados con el caso de unos chalés que se construyeron en el pueblo vitoriano de Ali. El entonces concejal Ibarrondo firmó la licencia que permitía edificar siete casas en una parcela donde, al parecer, sólo se podían construir seis, según la legislación vigente.
En declaraciones a los periodistas, el portavoz de EB en la Corporación de Vitoria, José Navas, ha explicado el contenido del escrito que hoy ha registrado su abogado en los juzgados, en el que pide una pena de prisión para Ibarrondo de un año de prisión, el doble de lo que solicita la Fiscalía.
Además, EB también reclama ocho años de inhabilitación para Ibarrondo para "todo cargo o empleo público electivo y especialmente para el puesto de concejal", frente a los siete años de la Fiscalía.
Asimismo, la acusación de EB solicita que el acusado haga frente a todas las responsabilidades civiles que puedan derivarse de una imputación de culpabilidad o que, en todo caso, la responsabilidad civil sustitutoria recaiga en Salgado Iglesias, la empresa que construyó los chalés.
De esta forma EB quiere evitar que, tal y como ha pedido la Fiscalía, recaiga la responsabilidad civil sustitutoria en el Ayuntamiento ya que, en opinión de Navas, la Corporación "no debe pagar los actos que se han producido y las consecuencias económicas que puedan derivarse".
Por último, en el escrito de acusación, EB solicita que se declare la nulidad de la licencia urbanística y que se ordene la demolición de la séptima vivienda edificada, ha avanzado el portavoz municipal de esta formación.
En el "caso Ali" se personaron en un principio como acusaciones particulares el PNV, EA y EB.
El PNV anunció en septiembre que se retiraba como acusación particular de este caso, así como en el llamado "caso Ibaiondo", y pidió que el Consistorio se personase en ambos.
Por su parte, EA continúa como acusación en el "caso Ali" aunque, según han confirmado a Efe fuentes de este partido, se retiraría del mismo en el supuesto de que el Ayuntamiento decidiera personarse.
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