Galipienzo niega haber sido consciente de irregularidades en su actuación

Pamplona.-  El ex-alcalde regionalista del Valle de Egüés, Ignacio Galipienzo, ha negado en el juicio iniciado hoy que fuera consciente de las irregularidades urbanísticas por las que el fiscal pide contra él 18 meses de prisión y una multa de 15.000 euros por prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas.

ampliar foto

(EFE)

El ex-alcalde regionalista del Valle de Egüés, Ignacio Galipienzo (i), acompañado por su abogado, ha negado en el juicio iniciado hoy que fuera consciente de las irregularidades urbanísticas por las que el fiscal pide contra él 18 meses de prisión y una multa de 15.000 euros por prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas.

El caso se remonta a 2003, cuando Galipienzo compatibilizaba su cargo de alcalde por UPN con su labor profesional privada relacionada con proyectos urbanísticos, momento en el que una parcela de Gorraiz -de donde él era alcalde- calificada para uso escolar fue vendida por su intermediación para la construcción de un apartahotel, un proyecto para el que el primer edil dio la licencia con informes favorables de los técnicos.

Éstos, un asesor legal del Ayuntamiento y la arquitecta municipal, son otros de los siete imputados, junto a Galipienzo, su socio en la empresa promotora y tres empresarios, una la propietaria inicial de la parcela y los otros dos ejecutivos de la firma compradora, que trabajaba con la promotora del entonces alcalde.

En la primera sesión de la vista oral, Galipienzo ha reconocido haber participado junto a José Luis Ruiz en la compraventa de la parcela de Gorraiz, si bien Galipienzo se encargó de tratar con los compradores (el grupo Aricam) y su socio con la vendedora, la constructora Conchita Flores, un trabajo que hicieron por separado para evitar que "el recelo de dos empresas en competencia" frustrara la operación.

El ex-alcalde ha señalado que él desde el primer momento conocía la intención de Aricam de destinar el solar a apartahotel, aunque ha subrayado que su labor fue la de "encontrar un comprador. Luego ya no participé en ninguna gestión", al tiempo que ha señalado que por la operación cobró una comisión de 23 millones de pesetas mientras que Ruiz se llevó 3, ya que él hizo la mayor parte de la gestión.

Preguntado sobre la supuesta incompatibilidad de que impulsara esta operación precisamente en un terreno municipal donde él mismo tendría posteriormente la máxima competencia para otorgar cualquier licencia, ha señalado que "en ese momento no pensaba en absoluto en eso".

Así, también se ha referido a las circunstancias en las que la parcela, consignada en la normativa del Gobierno de Navarra como de uso escolar, pasó a ser considerada por el consistorio como dotacional y por lo tanto susceptible de construir en ella el apartahotel, un destino que ha justificado como avalado tanto por la arquitecta como por el asesor municipal también imputados.

Al respecto, además de considerar el trabajo de ambos como "escrupuloso" e "intachable" en todos los años que estuvieron en el Ayuntamiento, ha señalado que la normativa que manejaba el consistorio, tanto en esa legislatura como en la que rigió el anterior alcalde, señalaba a la parcela como de uso dotacional, un argumento que se expuso en un informe entregado al Gobierno de Navarra que, al no "censurar nada" en varias reuniones posteriores, hizo pensar al Galipenzo que no había irreglaridad, ha dicho.

Con ello, se otorgó finalmente la licencia para el apartahotel, al igual que durante su legislatura el Ayuntamiento de Egües dio entre 300 y 350 licencias más basadas en la misma supuesta irregular normativa, que no han dado lugar a "ninguna objeción ni recurso del Gobierno foral", según el ex-alcalde, quien dimitió de su cargo y cesó de militancia en UPN al conocerse el caso.

"Yo no sabía que nunca se había modificado el uso" de esta parcela de escolar a dotacional, ha reiterado Galipienzo, quien ha asegurado que "si no, no hubiera dado la licencia".

Así, ha insistido en que para él "esa parcela en ese momento era lo que decían que era" la arquitecta y el asesor municipal, a quienes ha asegurado que "jamás" ha "presionado" o "gratificado" por elaborar cualquier informe con sus indicaciones.

También ha justificado la creación en su día de una sociedad "opaca" en el sentido de que no se hiciera pública en un principio su participación pero "transparente" a efectos fiscales, esta segunda característica con la finalidad de vehicular a través de ella sus futuros negocios, ya que había decidido abandonar la política antes de que se hiciera público este caso.

Así, la opacidad de la sociedad, ha señalado que venía derivada de la "oposición durísima" que había recibido por parte de otros grupos políticos del valle y de la "lógica amenaza del terrorismo".

Gran parte de la primera sesión de la vista oral se ha dedicado a debatir una cuestión previa planteada por el fiscal para impedir que la formación política Aralar se personara como acusación popular, veto que defendían todas las partes personadas al entender que su acusación contra más imputados que los definidos por el fiscal y la acusación particular no era lícita, si bien finalmente el titular del juzgado ha decidido permitir a Aralar continuar en la causa.

La vista oral tendrá lugar durante cinco jornadas, en las que 56 testigos se someterán a las preguntas de las acusaciones ejercidas por la Fiscalía, el Ayuntamiento del Valle de Egüés como acusación particular, la formación política Aralar como acusación popular, y de las defensas de los siete imputados.