Un juez acusa a una veintena de militares chilenos y uruguayos por el crimen de Berríos

Santiago de Chile.-  El juez chileno Alejandro Madrid acusó hoy formalmente a una veintena de militares, incluidos algunos generales y tres oficiales de Uruguay, por el secuestro y asesinato en este país del químico Eugenio Berríos, agente de la policía secreta de Augusto Pinochet, informó el propio magistrado.

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(EFE)

El juez chileno Alejandro Madrid acusó hoy formalmente a una veintena de militares, incluidos algunos generales y tres oficiales de Uruguay, por el secuestro y asesinato en este país del químico Eugenio Berríos.

Los principales acusados, por secuestro con homicidio, son el ex mayor Arturo Silva Valdés como autor y, como encubridor, el general retirado Eugenio Covarrubias Valenzuela, ambos ex funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (DINE).

El coronel retirado uruguayo Tomas Casella y sus pares en servicio activo Eduardo Radaelli y Wellington Sarli fueron acusados como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita.

Los tres uruguayos fueron extraditados a Chile en abril de 2006 y encausados por el secuestro de Berríos, y, aunque obtuvieron su libertad provisional a finales de ese año, una orden de arraigo les ha impedido abandonar el territorio chileno.

Como autores de secuestro, igualmente fueron acusados el también general retirado Hernán Ramírez Rurange, ex director de la DINE, el mismo Eugenio Covarrubias y los ex oficiales Manuel Provis, Pablo Rodríguez Márquez, Jaime Torres, Manuel Pérez Santillán, Marcelo Sandoval y Nelson Román.

Eugenio Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín que la dictadura de Augusto Pinochet utilizó para eliminar a opositores, fue sacado de Chile en 1991 para evitar que declarara en el juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.

El agente fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él hasta que en abril de 1995 fue encontrado su cadáver en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.

Por asociación ilícita fueron acusados, además de los uruguayos, los generales Ramírez Rurange, Covarrubias y Fernando Torres Silva, este último ex auditor general del Ejército.

El mismo cargo recibieron Manuel Provis, Enrique Ibarra, Arturo Silva Valdes, Pablo Rodríguez Márquez, Jaime Torres Gacitúa, Manuel Pérez Santillán, Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Cáceres y Raúl Lillo Gutiérrez, este último ex empleado civil del Ejército.

Mario Cisternas Orellana, Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Cáceres, Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales fueron acusados también de infringir el artículo 295 bis del Código Penal, que castiga a los funcionarios públicos que no cumplan su obligación de denunciar un delito.

Por último, el juez acusó como autores de obstrucción a la justicia a los generales Ramírez Rurange y Covarrubias, además de a Ginez Rojas Gómez, Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lillo Gutiérrez.

En el antiguo sistema procesal chileno, por el que se ha llevado este caso, la acusación sigue a la etapa de investigación (sumario), que el juez Madrid cerró el pasado 26 de abril.

Tras dictarse la acusación, se abre un plazo para que la defensa responda a los cargos y los querellantes se sumen o presenten una acusación particular. Posteriormente viene una etapa de pruebas y la sentencia de primera instancia.

Madrid dijo a los periodistas sentirse "ampliamente conforme" con los resultados de su extensa investigación.