San José.- Más de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos en Latinoamérica repudiaron hoy la expulsión de los representantes de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, ordenada la semana pasada por el Gobierno de Venezuela.
El boletín divulgado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señala que los argumentos de Venezuela "basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles".
"Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones", indica un comunicado.
El boletín divulgado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede para Mesoamérica en Costa Rica, señala que los argumentos de Venezuela "basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
También afirma que este tipo de comportamiento "ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos".
Las organizaciones firmantes también defendieron a HRW, pues aseguran que ese organismo no recibe financiación ni responde a intereses de Estados Unidos, como dijo el Gobierno venezolano.
"Rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión", señala el texto.
Y finaliza pidiendo a Venezuela "garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad".
El Gobierno de Hugo Chávez expulsó a Vivanco, con pasaporte chileno, y al estadounidense Daniel Wilkinson, horas después de la presentación en Caracas de un informe de HRW que destaca que en 10 años de gestión el "presunto compromiso" democrático de Chávez es "contradictorio con el desprecio" a las "garantías institucionales y derechos fundamentales" que le achacó.
El Gobierno venezolano decidió la expulsión tras evaluar las declaraciones públicas hechas por Vivanco y establecer que con ellas "ha violentado la Constitución y las Leyes" de Venezuela "agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana", según una nota de su Cancillería.
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