Román Sudupe y Joxe Joan González de Txabarri no creen posible que se imputen responsabilidades políticas

San Sebastián.-  Román Sudupe y Joxe Joan González de Txabarri, ex diputados generales de Guipúzcoa, no creen que se puedan imputar responsabilidades políticas a los ex cargos forales por el caso del fraude de la Hacienda de Irun, aunque el primero teme que los "intereses partidistas" lleven a "castigar" al PNV.

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(EFE)

Los ex diputados generales de Guipúzcoa Román Sudupe (izda) y Joxe Joan González de Txabarri conversan frente a la sede de las Juntas Generales en San Sebastián, donde han comparecido para declarar ante la comisión creada por el parlamento provincial para investigar el fraude detectado en la Hacienda de Irun.

Ambos han cerrado hoy el calendario de comparecencias de la comisión de las Juntas Generales que investiga si existieron responsabilidades políticas en las irregularidades descubiertas en la oficina tributaria de Irun, cuyo jefe, José María Bravo, se encuentra en prisión como presunto cabeza de una trama que defraudó a las arcas públicas 8 millones de euros y se apropió supuestamente de 1,6 a lo largo de más de una decena de años.

Sudupe, que estuvo al frente de la Diputación de Guipúzcoa de 1995 y 2003, ha dicho a los periodistas que es "absurdo" que un diputado general pueda ser responsable político cuando no es él quien gestiona los departamentos, y ha alabado también la labor de Antton Marquet como diputado de Hacienda durante su mandato.

Ha circunscrito lo ocurrido a "un chorizo", que en su opinión no "es de extrañar" que haya podido surgir en la institución foral "en 25 años de funcionamiento".

Lo "importante" para Sudupe es que fue "la propia Diputación quien descubrió el tema y lo puso en manos de la Justicia".

Ha asegurado que los controles internos para detectar incidencias de este tipo fueron los "adecuados", aunque es preciso tener en cuenta, según ha recalcado, que en la década de los 90 no se contaba con los instrumentos de los que se dispone en la actualidad.

"El que conoce los artilugios del sistema, también conoce el artilugio para escaparse del sistema", ha señalado tras afirmar que saber de las irregularidades de la oficina de Irun le "sublevó".

Sudupe opina que las conclusiones de la comisión de investigación van a tener "una lectura política" y "presumiblemente" las decisiones que adopte este órgano, en el que están representados todos los partidos de la cámara, "tengan por detrás un interés político".

"Es muy posible que opten por castigar políticamente al partido que estaba al frente del departamento de Hacienda, que es el PNV", ha dicho.

González de Txabarri, diputado general en la anterior legislatura, ha manifestado que con los datos que cuenta "no se pueden imputar responsabilidades políticas singularizadas a ninguna persona".

Ha subrayado que no ha recibido "otra información complementaria" que le haga "cambiar ese criterio", por lo que entiende que va a ser "harto complicado" imputar "responsabilidades políticas personificadas" basadas en "literatura".

Ha defendido la labor de su equipo en el departamento de Hacienda, pues "fue clara y proactiva con relación a la lucha contra el fraude fiscal".

"Indudablemente existen responsabilidades políticas más extensas porque esas actuaciones han sucedido en las instituciones y no deberían de suceder. Eso llama a una catarsis colectiva y al cambio de determinados comportamientos, que desde 2004 está realizados de una forma muy radical", ha añadido.

El presidente de la comisión de investigación, el socialista Julio Astudillo, ha explicado que, si bien las comparecencias han terminado, los grupos se han dado un plazo de cinco días por si consideraran conveniente "repescar" a alguno de los que ya han declarado, llamar a otros nuevos o solicitar documentación.

Está previsto que las conclusiones estén listas a final de año, aunque los servicios jurídicos de las Juntas Generales estudian qué "alcance" deben tener al tratarse de una comisión cuya labor es secreta.

Ha dicho que aún "es pronto" para avanzar nada, aunque ha admitido que pueden concluir que existieron responsabilidades políticas, ya que de hecho la comisión se constituyó porque la mayoría de los grupos consideraban que había indicios.