La Fiscalía denuncia a Víctor Bravo por delitos contra la Hacienda y cohecho

San Sebastián.-  La Fiscalía de Guipúzcoa ha presentado una denuncia contra el ex director de Hacienda de este territorio y ex senador por el PNV Víctor Bravo, a quien imputa cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

ampliar foto

(EFE)

El ex director de la Hacienda de Guipúzcoa Víctor Bravo. EFE/Archivo

El Ministerio Público imputa estos mismos delitos a Rufino Eizagirre Olcoz, que fue el jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general de Guipúzcoa durante el mandato de Joxe Joan González de Txabarri (PNV), e implica en algunos de ellos a otras cuatro personas, quienes habrían causado unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal en la tributación del Impuesto de Sociedades de 2.158.747 euros.

Víctor Bravo renunció al cargo de senador en 2007 a raíz del fraude detectado en la Hacienda de Irun, en el que figura como principal imputado su hermano José María.

Rufino Eizagirre también fue cesado ese año debido a este mismo escándalo por su participación en empresas vinculadas a José María Bravo.

Según la denuncia presentada ante el Juzgado por la Fiscalía, a la que hoy ha tenido acceso Efe, Víctor Bravo Duran y Rufino Eizagirre permitieron a una empresa catalana denominada "Glass Costa Este Salou S.L." dedicada a la promoción, construcción y explotación inmobiliaria acogerse a "cuantiosos beneficios fiscales" por la aplicación de la normativa foral a la que sólo podían acceder sociedades ubicadas en Guipúzcoa.

El fiscal recuerda que esta norma, aprobada por las Juntas Generales en 1996, establecía un régimen fiscal exclusivo para Guipúzcoa, que no tenía correlativo en la normativa estatal, pero cuya aplicación debía concederse por la Hacienda Foral previa solicitud de las empresas radicadas en esta provincia.

La sociedad "Glass Costa Este Salou", cabecera del grupo "F&G", que según la Fiscalía controla el 100% de las 18 sociedades que conforman este grupo inmobiliario, se creó en marzo de 2001 y está participada, entre otros por el administrador único F.I.G.E. y su esposa Y.Z.G., así como Víctor Bravo y Rufino Eizagirre, ambos compensados según la denuncia con el 7,1% de las participaciones de esta empresa.

Con el propósito de lograr que la sociedad disfrutase ilícitamente del régimen fiscal de Guipúzcoa, el administrador y su esposa se pusieron en contacto con Víctor Bravo y Rufino Eizagirre, que ocupaban cargos de máxima responsabilidad en la Hacienda guipuzcoana, y con el también imputado J.J.O., administrador del despacho de asesores "Alt Norte" para fijar el domicilio social de la misma en San Sebastián, primero en la calle Loyola y a partir del 2003 en la avenida de Tolosa.

La sociedad, cuya verdadera sede estaba en Cambrils (Tarragona), estableció de este modo su domicilio donde en realidad se ubicaba el despacho de asesores, según señala la denuncia, que subraya que todas las actividades de hostelería de este grupo y sus promociones inmobiliarias se realizaron fuera de Guipúzcoa.

Además, con la "indispensable ayuda" de Víctor Bravo y de su mujer, Arantza Arbelaiz Guelbenzu, entonces presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Diputación e imputada igualmente en este caso, el administrador único de la empresa y su esposa simularon residir en el Paseo de Berio de San Sebastián y más tarde en el camino de Agerre de esta misma ciudad, viviendas que pertenecían a Bravo y Arbelaiz.

En febrero de 2002 el ex director de Hacienda Víctor Bravo y Rufino Eizagirre dictaron la orden que permitió a "Glass Costa Este Salou" acogerse al Régimen Especial de Promoción de Empresas del Impuesto de Sociedades, que no existe en la normativa estatal, y beneficiarse asimismo de un sistema específico de este impuesto en materia de fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de valores que reportó a esta empresa grandes beneficios económicos.

La Fiscalía reclama al Juzgado la práctica de numerosas pruebas de investigación, solicita que los seis imputados abonen una fianza de 2,9 millones de euros y, en caso de no hacerlo, pide que se embarguen los bienes de la empresa denunciada.