La ley de archivos y patrimonio obliga a la colaboración de instituciones como la Iglesia

Santiago de Compostela.-  La Xunta ha aprobado hoy el proyecto de ley que regula los archivos y el patrimonio documental de Galicia, que reclama la colaboración de todas las instituciones que sean depositarios de este legado, entre ellos la Iglesia, en materia de conservación y difusión.

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(EFE)

La Xunta ha aprobado hoy el proyecto de ley que regula los archivos y el patrimonio documental de Galicia, que reclama la colaboración de todas las instituciones que sean depositarios de este legado, entre ellos la Iglesia, en materia de conservación y difusión.

Esta norma ha sido uno de los acuerdos tomados hoy en la reunión semanal del Ejecutivo gallego, que también aprobó el anteproyecto de ley de participación institucional de los sindicatos y las organizaciones empresariales, que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, consideró pionera en España.

A preguntas de los periodistas, Pérez Touriño recordó que la ley de archivos hace hincapié en las obligaciones de conservación y acceso al patrimonio que se encuentra en manos privadas, como la Iglesia católica.

Se trata de una norma, manifestó, que abre el camino para que los ciudadanos puedan acceder al patrimonio documental y establece la necesidad de colaboración entre todas las instituciones de uno u otro tipo para que los archivos funcionen "con criterios de transparencia y eficacia".

Galicia era una de las pocas comunidades que no contaba con una legislación propia para regular este material, al que también se podrán integrar todos los archivos privados que así lo deseen, según indica la Consellería en un comunicado.

El proyecto fija la creación del Sistema de Arquivos de Galicia, que contará con un órgano administrativo de dirección y coordinación dentro de la propia Consellería y dos órganos asesores.

Asimismo, permitirá adaptar la gestión de los archivos y los documentos o expedientes digitales, que contarán con una regulación específica, a las nuevas tecnologías.

Con todas estas medidas, la Xunta pretende lograr una mayor transparencia en la información facilitada a los ciudadanos y una gestión administrativa más eficaz.

Por otra parte, el Consello aprobó hoy el proyecto de ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad gallega.

Esta norma, explicó Pérez Touriño, regula de forma "exhaustiva" los canales de participación de los agentes sociales y da cumplimiento a lo decidido en los acuerdos por el empleo firmados en el proceso del diálogo social, que incluyó el ya creado Instituto de Seguridad Laboral y la modificación del Consello Galego de Relaciones laborales.

El objetivo del proyecto legislativo es fijar los criterios para determinar la participación de la organizaciones sindicales en los órganos de asesoramiento y participación de Galicia, puesto que actualmente no existen criterios mínimos y homogéneos para todas las consellerías.

La norma estipula que la participación institucional se hará efectiva a través de la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la elaboración, seguimiento y ejecución de los planes de desarrollo regional; de actuaciones sobre empleo y FP; de desarrollo empresarial e industrial o en materia social y sanitaria.

Las asociaciones privadas, fundaciones públicas y sociedades mercantiles quedan excluidas de al aplicación del proyecto legislativo.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que esta norma pueda financie hasta un 30 por ciento del presupuesto de la patronal, el presidente no quiso avanzar ningún porcentaje concreto.