Valladolid.- La Ley de Subvenciones de Castilla y León, aprobada hoy por las Cortes regionales, obligará a que las ayudas se resuelvan en un plazo máximo de seis meses a partir del día 1 de enero de 2009.
El PP ha sacado adelante con su voto mayoritario, y la abstención del PSOE, la Ley de Subvenciones de la Comunidad que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2009 y que obligará a elaborar un Plan Estratégico antes de poner en marcha nuevas líneas de ayuda, que además se evaluarán anualmente.
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, que ha defendido la proposición de ley ante las Cortes regionales, ha argumentado que el texto tiene la finalidad de "intensificar la seguridad jurídica, la transparencia, y el adecuado control relativo a la eficacia eficiencia del gasto público en subvenciones".
El grupo parlamentario socialista presentó veinticinco enmiendas a la Ley de las que diez fueron aprobadas con el apoyo del PP en su tramitación parlamentaria y de las quince restantes, defendidas hoy por el procurador, Pascual Fernández, han sido rechazadas todas.
Es la primera vez que la Junta contará con una ley que englobe todas las subvenciones, siguiendo la normativa estatal, con el fin de hacer "más transparente" el proceso, mejorar su control y la gestión del gasto y facilitar su tramitación, con un modelo normalizado para todas las ayudas.
"Las subvenciones son la herramienta más potente de la administración para hacer llegar dinero a los ciudadanos y empresas", ha referido la consejera, quien ha recordado que en 2007 se gestionaron 249 líneas de ayudas, con 358 millones de euros y cerca de 200.000 beneficiarios.
La norma es de aplicación para todo el sector público de la Comunidad, lo que afecta a la Junta, organismos autónomos, universidades públicas, consorcios y otras entidades que se financian con cargo a los presupuestos generales del Gobierno autonómico.
Como novedad, según ha destacado la consejera, las nuevas líneas de ayuda que se creen deberán ir precedidas de un Plan Estratégico que motive su necesidad y razones, y posteriormente, en el primer trimestre de cada año, se evaluarán para analizar si han cumplido con su finalidad y determinar si se mantienen o no.
Las ayudas se concederán por el procedimiento de concurrencia competitiva, con una comisión técnica de valoración, nombrada por el consejero que corresponda, que se encargará de salvaguardar la transparencia e independencia del proceso, concediendo las subvenciones conforme a la puntuación de los solicitantes en base a los criterios de valoración establecidos.
Hasta ahora no había un plazo establecido para resolver las subvenciones, que ahora se fija como máximo en seis meses, lo mismo que la norma nacional, aunque podrá ser menor si así se recoge en los reglamentos posteriores de desarrollo de la ley e incluso en las ordenes de ayudas que se saquen en cada caso.
En el caso de que el beneficiado no justifique la ayuda adjudicada "tendrá que devolverla", ha observado Del Olmo, quien también ha destacado que la documentación que se aporta para concurrir a una subvención servirá para las próximas convocatorias.
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