La Junta de Castilla y León regula la subvenciones mediante una ley que obliga a resolver las ayudas en 6 meses

Valladolid.-  La Junta de Castilla y León ha regulado hoy las subvenciones públicas de la Comunidad mediante un proyecto de ley que obliga a resolver las ayudas en como máximo seis meses y a elaborar un Plan Estratégico antes de poner en marcha nuevas líneas, que además se evaluarán anualmente.

ampliar foto

(EFE)

El proyecto de ley, que pasará a las Cortes regionales para su tramitación, con el fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2009, fue detallado hoy por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El proyecto de ley, que pasará a las Cortes regionales para su tramitación, con el fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2009, fue detallado hoy por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Es la primera vez que la Junta contará con una ley que englobe todas las subvenciones, siguiendo la normativa estatal, con el fin de hacer "más transparente" el proceso, mejorar su control y la gestión del gasto y facilitar su tramitación, con un modelo normalizado para todas las ayudas.

"Las subvenciones son la herramienta más potente de la administración para hacer llegar dinero a los ciudadanos y empresas", ha referido la consejera, quien ha recordado que en 2007 se gestionaron 249 líneas de ayudas, con 358 millones de euros y cerca de 200.000 beneficiarios.

La norma es de aplicación para todo el sector público de la Comunidad, lo que afecta a la Junta, organismos autónomos, universidades públicas, consorcios y otras entidades que se financian con cargo a los presupuestos generales del Gobierno autonómico.

Como novedad, según ha destacado la consejera, las nuevas líneas de ayuda que se creen deberán ir precedidas de un Plan Estratégico que motive su necesidad y razones, y posteriormente, en el primer trimestre de cada año, se evaluarán para analizar si han cumplido con su finalidad y determinar si se mantienen o no.

Las ayudas se concederán por el procedimiento de concurrencia competitiva, con una comisión técnica de valoración, nombrada por el consejero que corresponda, que se encargará de salvaguardar la transparencia e independencia del proceso, concediendo las subvenciones conforme a la puntuación de los solicitantes en base a los criterios de valoración establecidos.

Hasta ahora no había un plazo establecido para resolver las subvenciones, que ahora se fija como máximo en seis meses, lo mismo que la norma nacional, aunque podrá ser menor si así se recoge en los reglamentos posteriores de desarrollo de la ley e incluso en las ordenes de ayudas que se saquen en cada caso.

En el caso de que el beneficiado no justifique la ayuda adjudicada "tendrá que devolverla", ha observado Del Olmo, quien también ha destacado que la documentación que se aporta para concurrir a una subvención servirá para las próximas convocatorias.

El proyecto prevé la posibilidad de facilitar la colaboración con las entidades locales y los entes que dependen de ellas, mediante la firma de convenios con vistas a justificar las subvenciones que les concede la Junta.

En cuanto a las sanciones, las multas son las mismas que las nacionales, oscilan entre los 75 y 6.000 euros, dependiendo de la infracción, y además se podrá prohibir la recepción de más ayudas, o colaborar y contratar con la administración durante un plazo de hasta cinco años.

El texto ha sido expuesto a la patronal y los principales sindicatos de la Comunidad, universidades, federación regional de municipios y colectivos receptores de ayudas, como las organizaciones de discapacitados, con el fin de conseguir un proyecto de ley consensuado.