Canarias exige el pago de la deuda sanitaria, que cada año aumenta 200 millones de euros

Zaragoza.-  La consejera de Sanidad de Canarias, María Mercedes Roldós, ha exigido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pago de la deuda sanitaria que el Estado mantiene con el archipiélago, que es de mil millones de euros pero que cada año se incrementa en otros doscientos.

Así lo ha expuesto a los medios de comunicación en el transcurso de la reunión del Consejo Interterritorial, que preside en Zaragoza el ministro de Sanidad Bernat Soria, quien ha defendido ante los consejeros autonómicos un "documento de reflexiones" sobre las necesidades financieras y de cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Roldós ha dicho que en un periodo de crisis económica, "e incluso reflexión", no es momento de reflexiones, sino de hacer "propuestas concretas" y de cuantificar las necesidades financieras de la sanidad.

Canarias ha defendido en el Consejo que se le reconozca "lo que ha dejado de percibir por el incremento de la población".

A día de hoy, ha detallado la consejera, Canarias tiene una financiación per cápita por debajo de la media del Estado y mientras que por cada vasco el Estado aporta 1.600 euros al año para financiación sanitaria, por cada canario son 900 euros, en lo que supone un "trato desigual".

Así, además de exigir el pago de la deuda sanitaria, cuantificada por Canarias en mil millones de euros, piden otros doscientos anuales adicionales, que es lo que correspondería recibir a Canarias para que la comunidad se situase "en la media del Estado".

Roldós espera tener hoy "más suerte" en sus reivindicaciones ante Soria.

Por otro lado, sobre el Real Decreto por el que se establecen medidas para garantizar la intimidad, la confidencialidad y la equidad en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, ha asegurado que esta intimidad ya está garantizada por las leyes de Protección de Datos y de Autonomía del Paciente.

A su juicio, este real decreto "no aporta nada", pero sí que puede poner en dificultad el proceso de continuidad asistencial que está dentro de la historia clínica del paciente, en un momento en el que todas las comunidades han emprendido un proceso para implantar la historia electrónica, compartida en todo el territorio nacional e incluso en el ámbito europeo.