El abogado venezolano afirma que PDVSA aportó fondos a la campaña de Fernández

Miami (EE.UU.).-  El venezolano Moisés Maiónica, acusado en el "caso del maletín", afirmó hoy que la estatal PDVSA aportó a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández, los 800.000 dólares decomisados en 2007 y que planeaba asumir el coste de la operación de encubrimiento.

Maiónica, abogado de profesión, testificó hoy por segundo día en el juicio que se sigue en Miami contra el empresario Franklin Durán por conspirar y actuar como un agente del Gobierno venezolano para ocultar el origen y destino del dinero, incautado a su compatriota Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires.

Con uniforme de prisionero y cadenas en los pies, Maiónica, quien implicó al presidente de su país, Hugo Chávez, en el caso, dijo que la procedencia y destino de los fondos se mencionaron en una conversación que sostuvo con Henry Rangel Silva, director de la Disip, el servicio de Inteligencia de Venezuela.

"Sí, el dinero era de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A)", respondió Maiónica cuando el fiscal federal Thomas Mulvihill le preguntó si el origen del dinero surgió durante esa conversación.

"¿Y el destino?", inquirió el fiscal, a lo que Maiónica contestó: "la campaña de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner".

Maiónica es uno de los cinco acusados de conspirar y actuar como agente del Gobierno de Venezuela en EE.UU. sin autorización, y se declaró culpable en enero, tras un acuerdo con los fiscales federales para lograr una condena menos severa.

El abogado es testigo de la Fiscalía Federal y en su segundo día de declaraciones habló sobre los detalles de la trama que asegura urdió Venezuela para silenciar el escándalo que estalló cuando le incautaron el maletín con el dinero a Antonini en un aeropuerto argentino, en agosto del año pasado.

También dijo que Chávez "recibió una carta enviada por Antonini para que acelerarán todo el asunto (resolver la situación del decomiso)".

La misiva fue enviada al gobernante venezolano en septiembre del año pasado por el Cónsul de Venezuela en Miami, según Maiónica.

Rangel, a su vez, envió a Antonio José Canchica Gómez, uno de los acusados, a esta ciudad para que confirmara los requerimientos de Antonini, entre los que estaban la solicitud de un recibo para justificar su origen del dinero.

El director de la Disip se encargó del caso a petición del presidente Chávez, luego de que el titular de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, no lograra controlar la situación cuando el caso se convirtió en un escándalo, según testificó Maiónica el martes.

Para evitar un escándalo mayor, dijo, el Gobierno venezolano quería armar la defensa de Antonini para resolver la situación legal en torno al decomiso del maletín en Argentina y "darle todas las comodidades para que no hiciera pública la información (sobre el dinero)".

Maiónica reveló que su cliente era el Gobierno venezolano y que participó en el caso en representación del mismo para ayudar a Antonini, por lo que se encargó de contactar al abogado argentino Guillermo Ledezma.

El objetivo, explicó, era contratar a un abogado argentino que defendiera a Antonini en Buenos Aires y PDVSA transferiría los fondos a Argentina para pagarle al letrado.

Una estrategia que se analizó para encubrir el origen de los fondos fue forjar una declaración de salida del dinero de Venezuela a nombre de Antonini.

Pero, Maiónica consideró que era inconveniente porque ese documento podría crear nuevos problemas en el caso.

Antonini llegó con el maletín de los 800.000 dólares a Argentina en un avión alquilado en Caracas por una compañía estatal argentina junto a directivos de PDVSA.

Luego regresó a EE.UU. y decidió colaborar con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en el caso, por lo que no está acusado y es el testigo estrella de la Fiscalía Federal.

La Fiscalía presentó hoy como pruebas dos de las cerca de 40 conversaciones que grabó Antonini en las reuniones que tuvo en Miami con Durán y otros tres acusados: los venezolanos Carlos Kauffmann y Antonio José Canchica Gómez, y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello.

En esas conversaciones Durán y Kauffmann intentaron convencer a Antonini de que firmara un poder a Ledezma para poder iniciar su defensa, pero éste no lo hizo y pasaba gran parte de las reuniones indagando quién le aseguraba que no iría a la cárcel en Argentina.

El abogado argentino comentó en la grabación que si contaban con un entendimiento político entre los dos países, el tribunal de su país ayudaría en el caso.

Cuando Antonini insistió en su seguridad, el abogado teorizó que Chávez y Fernández podrían garantizarle que no afrontaría las consecuencias.

En las conversaciones se dijo que varios funcionarios venezolanos de alto rango como José Vielma Mora, ex presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat), y el hoy ministro del Interior, Tarek El Aissami, habían dado "claras señales de cero problemas" para resolver el caso.

En una de las reuniones, Durán llamó a Aissami y éste habló con Antonini quien le preguntó si había una solución al caso.