El Gobierno propone imponer 20 años de libertad vigilada a terroristas y violadores con riesgo de reincidencia

MADRID.-  Los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Fernández Bermejo, respectivamente, presentaron hoy las principales novedades del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal que propondrá el Gobierno al Congreso de los Diputados el próximo otoño, entre las que destaca la obligatoriedad de imponer 20 años de libertad vigilada a aquellos violadores y terroristas que salgan de prisión con indicios de reincidencia.

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EP (EUROPA PRESS)

Los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Fernández Bermejo, respectivamente, presentaron hoy las principales novedades del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal que propondrá el Gobierno al Congreso de los Diputados el próximo otoño, entre las que destaca la obligatoriedad de imponer 20 años de libertad vigilada a aquellos violadores y terroristas que salgan de prisión con indicios de reincidencia.

"Esta reforma del Código Penal surge del compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraron ambos ministros quienes desglosaron los cuatro puntos en los que se basará el citado Proyecto de Ley: "Lucha contra los delitos que afecten a libertad sexual, la pederastia o la pornografía infantil; los temas de terrorismo; la criminalidad organizada y la inmigración ilegal", indicó Rubalcaba.

En ese sentido, el ministro Bermejo anunció sobre la imposición de esa situación libertad vigilada que "la letra pequeña llegará en el momento en el que se apruebe el proyecto, pero en principio ahora se habla de 20 años". Ambos ministros presentaron estas novedades en la sede del Ministerio de Justicia tras cerca de hora y media de reunión.

Por su parte, Rubalcaba calificó la condición de libertad vigilada como un "éxito" y "que sale al paso de algunas de las preocupaciones de algunos ciudadanos cuando se produce la puesta en libertad de personas que, por los delitos que han cometido, pueden reincidir". "Ese es el caso de los delitos de agresión sexual, de pederastia y de terrorismo", matizó.

Por ello, el ministro de Interior defendió "la posibilidad de que estas personas, una vez que hayan cumplido sus penas y que no tengan unos pronósticos de reinserción, puedan ser sometidas a alguna cautela, vigilancia o libertad restringida para evitar que reincidan".

"En el caso del terrorismo sólo se aplicaría a aquellos que son reincidentes, es decir, aquellos que han vuelto a prisión por cometer un segundo delito de terrorismo y a aquellos que tengan un pronóstico negativo de reinserción", explicó Rubalcaba, quien detalló que será Instituciones Penitenciarias quien establezca la necesidad de esta libertad vigilada.

Asimismo Bermejo, explicó que "las leyes no tienen caracter retroactivo, por lo que tan solo se aplicará a nuevos casos una vez estas modificaciones entren en vigor, nunca en casos pasados" al tiempo que anunció que, dentro de las medidas para controlar a posibles delincuentes reincidentes, se encuentra la obligatoriedad de imponer el alejamiento de las víctimas una vez salen de prisión.

"Las medidas de alejamiento deben ser medidas obligatorias, es decir, que los tribunales tengan la obligación de imponerlas obligatoriamente y deberán ir recogidas en la sentencia", expuso Bermejo, quien recordó que, en la actualidad, la posibilidad o no de imponer el alejamiento queda en manos del tribunal sentenciador.

CASO DE JUANA: "DIFÍCIL SOLUCIÓN"

Preguntado acerca del 'Caso De Juana' y de la opción de imponer el alejamiento no sólo de víctimas directas sino de cualquier damnificado por ETA en los casos de terroristas, Rubalcaba admitió que se trata de "un problema difícil de resolver". "No se ha hecho nunca, comprenda que es una prohibición que le impediría vivir casi en ningún sitio", dijo, al tiempo apostó por "mejorar la redacción de la ley actual para mejora la protección de las víctimas y no sólo de las víctimas directas".

Estas conclusiones son el resultado de la última reunión celebrada hoy entre los titulares de ambas administraciones en el que, sin embargo, según admitió Rubalcaba no se ha abordado la cuestión de los calles y monumentos a etarras en el País Vasco. En cualquier caso, el ministro de Interior enfatizó en que "a las placas a etarras les queda muy poco tiempo porque se van a quitar todas y así se lo he dicho a las víctimas". Asimismo, recordó el entendimiento con el PP en este asunto e insistió en que este punto "fue uno de los acuerdos alcanzados por Zapatero y Rajoy".

Otra de las novedades anunciadas hoy por Rubalcaba es la imposibilidad de prescripción para algunos delitos de terrorismo. En concreto señaló aquellos "más graves" para que "no prescriban nunca". "Me estoy refiriendo a aquellos que puedan afectar a la vida de una persona", sentenció.

CASTRACIÓN QUÍMICA

Sobre las medidas coactivas para garantizar la libertad vigilada, Bermejo no descartó --aunque sin citarla textualmente-- la castración química, como tratamiento médico para los delincuentes sexuales y precisó que sería con la "colaboración" de los afectados. En este sentido, señaló que "cuando se habla del tratamiento en el ámbito psiquiátrico y psicológico la colaboración de estas personas es indispensable". Asimismo, apuntó que el elenco de posibilidades para asegurar esta vigilancia es "amplio" y citó la utilización de pulseras electrónicas y el desarrollo de programas formativos, entre otras medidas.

Respecto a la creación de la nueva sección en el Registro de Penados y Rebeldes para los pederastas, tal y como solicitó el Parlamento al Gobierno el pasado mes de junio, Bermejo y Rubalcaba afirmaron que será una "herramienta útil" para el control de estos criminales y evitará que puedan desarrollar trabajos en áreas y entornos de menores. Según avanzó el ministro de Justicia, estas medidas se presentarán en el Congreso este otoño, para su regulación definitiva en el primer trimestre de 2009.

En relación a la reforma del Código Penal sobre el endurecimiento de las penas para las mafias de inmigración ilegal que transporten menores de edad en cayucos, Rubalcaba señaló que hoy ambos departamentos han acordado que suponga un agravante transportar a seres "especialmente débiles" y, por tanto, se eleven las penas hasta los doce años de cárcel. Actualmente, la Fiscalía pide generalmente entre seis y ocho años de cárcel para los patrones de estas embarcaciones ilegales.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Por último, y en relación a la delincuencia organizada, el Gobierno propondrá que, en la reforma del próximo Código Penal, se realice una nueva tipificación para todas aquellas bandas que operan de manera organizada en asaltos a joyerías, chalets, propiedades privadas...

Ambos ministros abogaron por que este tipo de delincuentes, además de ser condenados por robo, se les aplique el delito de asociación ilícita. "Se puede comparar con la tipificación que se emplea en Francia, y que a mi particularmente me gusta mucho, que es la de asociación de malechores", sentenció Rubalcaba.