Hacienda cree que se podría imputar a cuatro personas más en el fraude de Irun

San Sebastián.-  La Hacienda de Guipúzcoa va a poner en manos de la jueza que investiga el fraude la oficina tributaria de Irun documentación que podría conllevar la imputación de cuatro nuevas personas, tres de ellas ajenas a la institución foral.

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(EFE)

El ex director de la Hacienda de Guipúzcoa Víctor Bravo, a su llegada a la sede de las Juntas Generales de Guipúzcoa, donde acudió para declarar ante la comisión de las Juntas que investiga las presuntas responsabilidades políticas por el supuesto fraude de la oficina tributaria de Irún.

El diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, ha informado hoy a la comisión de las Juntas Generales que estudia las posibles responsabilidades políticas derivadas de este caso que su departamento tiene "información suficientemente significativa" que apuntan a nuevas imputaciones si la instructora de la causa así lo decide.

González ha aludido a la Ley de Protección de Datos, a la presunción de inocencia y a la cautela para no desvelar los nombres de esas cuatro personas, según él colaboradores necesarios para la comisión de los delitos por los que está imputados el ex director de la oficina de Irun José María Bravo, su esposa, Rosa Cobos, Pilar Gracenea, trabajadora de la oficina de Irun, y Pedro María Atristain, socio del primero.

Juan Pardo, el inmediato superior de José María Bravo, destituido a principios de año como jefe de Atención Tributaria por pérdida de confianza, es uno de los nombres recogidos en esa documentación dada a conocer a la cámara foral, han dicho a Efe fuentes del caso.

González reconoció en una comparecencia anterior ante la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas que existían "indicios y una relación de jerarquía" con José María Bravo que hacían pensar que "algo no funcionaba bien", aunque en ese momento advirtió de que no tenían pruebas contra él.

Pardo, cuya imputación fue rechazada por la jueza de Irun cuando lo solicitó el abogado Fernando Argote, que ejerció la acusación popular, ha declarado dos veces ante la comisión de investigación, donde dijo que la posibilidad de que su firma apareciera escaneada en alguna de las órdenes de levantamiento de embargos que está investigando el juzgado era "un error de planteamiento".

Sólo Pardo, que fue responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de la Hacienda Guipúzcoa, ha desempeñado algún puesto en el departamento de Hacienda. Las otras tres personas a las que se ha referido el diputado no han estado vinculadas al ente foral, han agregado las fuentes.

González sí ha señalado que una de ellas llegó a estar imputada en la causa, pero luego la instructora dio marcha atrás en su decisión.

Un nuevo dato que ha dado a conocer el diputado es la posibilidad que tiene ahora Hacienda de recuperar 578.000 euros de trece de los expedientes entregados al juzgado. El fraude a las arcas forales asciende a 8 millones de euros, de los cuales Bravo se habría apropiado de 1,6.

Ha destacado, por otro lado, la "nula colaboración" de aquellos que están siendo inspeccionados por su departamento con relación a este caso. Ha precisado, que salvo una única excepción, se está "torpedeando" la labor de Hacienda y sus requerimientos son respondidos con recursos.

También ha sido citado hoy el anterior diputado de Hacienda, Juan José Mujika, que ha rehusado hacer declaraciones a los periodistas, aunque según el presidente de la comisión, Julio Astudillo, se ha centrado en los aspectos relacionados con el archivo de la auditoría que descubrió las irregularidades por parte de su departamento.