Ciudadanía se generaliza a la sombra de los tribunales y el enfrentamiento político

Madrid.-  La asignatura Educación para la Ciudadanía se generaliza este curso en la Secundaria de todas las comunidades autónomas, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y CCAA gobernadas por el PP.

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(EFE)

En la imagen, una alumna atiende a una profesora.

Por vez primera, los centros de ESO y Bachillerato de Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja impartirán clases de esta asignatura, que ya comenzaron hace un año en las otras autonomías.

Durante este tiempo, la controversia entre el Gobierno y autonomías gestionadas por el PP, como Madrid y la Comunitat Valenciana, ha crecido a propósito de las regulaciones autonómicas de la asignatura y la intención de admitir las objeciones hasta que se pronuncie el Supremo, aunque no será así en Castilla y León.

El movimiento objetor ha conseguido que algunos Tribunales Superiores de Justicia, como los de Andalucía y La Rioja, respalden la inasistencia a clase de alumnos cuyos padres consideran que ciertos contenidos vulneran el derecho a educarlos según sus convicciones morales, aunque también se han dado sentencias de signo contrario en otras comunidades.

Los fallos han sido recurridos por la administración educativa y el Ministerio de Educación o por los objetores, según los casos, ante el Tribunal Supremo.

La Consejería de Madrid ha reiterado que los objetores no tendrán que asistir a clase, ni se les podrá calificar con un suspenso a la vista de las sentencias que les son favorables.

Ayer mismo, la consejera madrileña Lucía Figar precisó que estos niños harán trabajos relacionados, por ejemplo, con la Constitución o los derechos fundamentales o tareas concretas de voluntariado dentro del centro educativo.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha replicado que no asistir a estas clases "tiene los mismos efectos" que no cursar la asignatura de Matemáticas (obligatoria para todos los alumnos, no opcional y sin alternativa).

En Madrid el plan de estudios de la asignatura ha sido diseñado para evitar "la implantación de una moral desde el Estado y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual", según el decreto madrileño que regula la ESO.

En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente, a petición de CCOO y del Ministerio de Educación, la orden de la Generalitat que permite presentar un trabajo a los alumnos que objeten.

La otra opción consiste en asistir a las clases ordinarias, en las que un profesor desarrolla la materia.

El TSJV admite que la asignatura se imparta en inglés, pero manifiesta que, en este caso, no es posible que se puedan evaluar específicamente los conocimientos sobre esta lengua.

El Gobierno de La Rioja, también del PP, anunció ese mismo mes que admitirá las objeciones de conciencia y eximirá a los alumnos de ir a clase y ser evaluados, sin perjuicio de un pronunciamiento judicial posterior.

Por el contrario, otra comunidad gobernada por el PP, Castilla y León, no ampara la objeción porque impediría que los alumnos pudieran graduarse en ESO.

Sin embargo, la Junta matiza que el currículo que desarrolla la materia en esta comunidad, recurrido por el Gobierno central, la "ha vaciado" de "carga doctrinal".

Las autoridades murcianas también discrepan de la regulación estatal de la asignatura y piden que sea optativa.

Alrededor de 1,2 millones de muchachos la estudiarán desde mediados de mes: cerca de 900.000 de ESO y 300.000 de Bachillerato.

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra, que la implantaron en 2007-2008, la imparten en tercero de ESO, y se enseñará en segundo curso en las autonomías donde comienza este año (también en Ceuta y Melilla), en ambos casos con el nombre "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos".

Desde este curso también se estudia en cuarto de ESO de todas las CCAA como "Educación Ético-Cívica" y en primero de Bachillerato como "Filosofía y Ciudadanía".