Madrid.- Pese a que la tarjeta sanitaria electrónica es un viejo proyecto y uno de los objetivos permanentes del Ministerio de Sanidad, las autoridades no acaban de ponerse de acuerdo para implantarla de forma homogénea y, de hecho, la mitad de las comunidades autónomas disponen de ella con desigual información.
Sala de espera en el hospital vizcaíno de Cruces.
La necesidad de implantar este dispositivo, que permite consultar los datos clínicos del paciente desde cualquier región, ha vuelto al debate tras las declaraciones del ministro de Sanidad, Bernat Soria, en las que aseguró que el profesor Neira, en coma tras defender de su agresor a una mujer, no hubiera tenido "complicaciones" de existir esta tarjeta ya que los médicos hubieran sabido que recibía un tratamiento con anticoagulantes por una dolencia cardíaca.
Mientras se investiga la supuesta negligencia médica, lo que sí parece claro es que los proyectos para implantar en todas las comunidades la Sanidad en línea o sin papeles, son tan diversos como viejos, y ahora la fecha dada por Soria para que todos los ciudadanos tengan esta tarjeta, el año 2009, se antoja casi imposible.
Actualmente, y según los datos de las diferentes administraciones sanitarias recogidos por Efe, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares disponen de esta tarjeta, con diferentes aplicaciones.
Desde el año pasado, alrededor de 7,8 millones de andaluces y 2,6 millones de gallegos disponen del documento con la historia clínica electrónico, fecha en que también se generalizó la tarjeta digital en el País Vasco tras comenzar su distribución entre los recién nacidos en el hospital vizcaíno de Cruces en 2001.
La tarjeta vasca, llamada ONA, permite acceder a otros usos adicionales vía telemática, como tramitar la declaración de la renta o acceder a servicios municipales.
En Baleares aseguran que no existe tarjeta electrónica como tal, es decir que incorpore un microchip, sino una Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) con banda magnética y que permite acceder a una base de datos con la historia clínica de todos los pacientes de las islas y que es válido en cualquier centro sanitario.
La informatización de los historiales de Baleares empezó en 2003 y terminó en 2005, momento en el que fue "la primera comunidad autónoma con una base de datos informatizada de todas las historias de salud de sus residentes", subrayan las fuentes consultadas.
También han sido digitalizados los datos de los ciudadanos canarios a falta de informatizar la información de los consultorios locales.
En Castilla y León la implantación de la tarjeta digital se remonta a 2002, aunque este documento no incluye la historia clínica y sí otros datos como el centro de salud al que pertenece el paciente, su dirección y teléfono.
Desde hace cinco años el servicio de Salud de Castilla-La Mancha dispone de esta tarjeta con la historia clínica de Atención Primaria y actualmente trabaja en la digitalización de los datos de Atención Especializada, que ya ha existe en los hospitales de Puertollano y Valdepeñas (en Ciudad Real) y Hellín (Albacete).
Este documento incorpora la última consulta a la que ha acudido el paciente o la medicación que toma habitualmente y permite al ciudadano citarse con su médico a través de Internet.
Madrid, Cataluña, Navarra, La Rioja, Cantabria, Murcia, Extremadura y Asturias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no disponen de momento de esta tarjeta.
De ellas, La Rioja, Asturias, Cantabria y Cataluña participarán en un proyecto piloto a partir de octubre y, junto a otras cinco comunidades -Castilla y León, Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares- se intercambiarán datos de las historias clínicas a través de la red de comunicaciones del Ministerio.
Entre las comunidades más reticentes a este sistema están Murcia y Madrid; ninguna dispone de ella y fuentes de sus consejerías señalan que "no tienen previsto introducirla a corto plazo".
En Murcia consideran que el mayor problema de este tipo de tarjetas es la actualización y carga de los datos de los pacientes, que deberían realizarse permanentemente para que pudieran ser efectivas, lo que requeriría dificultosas soluciones técnicas.
Además creen que se corre el riesgo de no proteger convenientemente la confidencialidad de los datos médicos del paciente en el caso de que éste pierda la tarjeta.
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