Barcelona.- Un estudio de campo elaborado por la Universidad de Barcelona (UB) ha constatado que la mayoría de locales de ocio nocturno del centro de la capital catalana usan "de manera sistemática" el derecho de admisión como técnica de discriminación racista.
Fachada de un bar.
Los inmigrantes de origen marroquí y argelino, así como las personas identificadas como "extranjeros pobres", son quienes más sufren estas prácticas de exclusión al ser relacionados con la delincuencia y considerados una fuente de "inquietud, contaminación y peligro".
Los autores del trabajo, que durante diez meses han estudiado la forma de proceder de numerosos bares de copas del barrio del Raval, han comprobado que los locales recurren a diferentes estrategias para seleccionar a su clientela, como instalar porteros en la entrada o cerrar las puertas, abriéndolas sólo a las personas deseadas.
El objetivo, en todos los casos, es garantizar que los clientes aceptados no estén en contacto con otros que, presuntamente, pueden amenazar la convivencia en el bar o simplemente perjudicar su imagen pública, según destacan los responsables del estudio, Manuel Delgado y Jordi Carreras, del Grupo de Investigación en Exclusión y Control Sociales de la UB.
Los clientes habituales de estos bares son, a grandes rasgos, jóvenes de entre 25 y 35 años, de clase media y nacionalidad española, que tienen un nivel de estudios universitario y que ejercen como profesionales liberales en ámbitos como la cultura, la educación, la economía o la salud.
"De igual manera, se puede constatar que entre las personas usuarias de los bares de noche del Raval no encontramos a casi nadie que se asocie a la categoría de inmigrante o trabajador pobre procedente de países de lo que se conoce como Tercer Mundo", subrayan los investigadores.
Ello se debe a que estos locales ejecutan "de manera sistemática" el derecho de admisión con criterios que "podrían cualificarse de racistas".
En algunas ocasiones, los bares deniegan el acceso de algunos inmigrantes al recinto alegando motivos de indumentaria o argumentando que es precisa una invitación, que se celebra una fiesta privada o que el aforo está completo.
Dado que negar la entrada a un inmigrante por el hecho de serlo es inconstitucional, algunos propietarios optan por permitir su acceso al local, pero sometiendo a la persona en cuestión a una intensiva vigilancia por parte del personal del bar, para poder echarla a la más mínima excusa bajo el amparo del derecho de admisión.
Carreras y Delgado aseguran que "siempre se puede argumentar la expulsión" de un individuo, aunque los motivos que se aleguen sean discutibles o indemostrables.
"Los propietarios de los bares siempre podrán seleccionar arbitrariamente su clientela, ya que los clientes indeseables se encuentran, a menudo, en una situación de indefensión legal", explican los investigadores, que remarcan que, en el caso de los inmigrantes, pesa también el miedo a denunciar al no gozar de una situación administrativa regular.
Otro de los sistemas que se utilizan para seleccionar la clientela es el de la puerta cerrada, que resulta "muy cómodo y efectivo" para los trabajadores del bar, dado que les ahorra el embarazoso trámite de comunicar a alguien que no puede acceder al local.
Se use la práctica que se use, lo cierto es que los inmigrantes y, muy especialmente, las personas de origen magrebí, son víctimas continuas de este trato discriminatorio.
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