La oposición presentará una querella contra Marsans por Aerolíneas Argentinas

Buenos Aires.-  La oposición anunció hoy que llevará el caso de Aerolíneas Argentinas al terreno judicial, donde promete hacer estallar una "caja de pandora" que contiene los secretos que llevaron a la línea de bandera al borde de la quiebra.

Los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) rubricaron la denuncia penal que este miércoles presentarán formalmente contra el grupo español Marsans y funcionarios del gobierno argentino.

La querella reparte acusaciones contra Aircomet (Marsans) por supuesta "administración fraudulenta" y "vaciamiento" de Aerolíneas y contra el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, por presunto "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación y malversación de caudales públicos".

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, advirtió en rueda de prensa que la denuncia podría tener más implicados si el juez a quien se adjudique el caso por sorteo extiende "también la responsabilidad a funcionarios de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España".

Para los radicales, la punta del ovillo para desentrañar cómo la línea de bandera argentina llegó a una situación límite -crisis que motivó la intervención del gobierno hace un mes- está en los fondos por 758 millones de dólares que la SEPI entregó a Marsans en 2001, cuando transfirió la titularidad de Aerolíneas al grupo privado español.

Morales dijo que 300 millones de dólares debían destinarse a la cancelación de deudas de Aerolíneas, "pero en lugar de saldar pasivos con ese dinero, Aircomet compró créditos para actuar en el concurso (de acreedores de Aerolíneas) como deudor y acreedor en perjuicio de la masa de acreedores".

Además, Marsans contabilizó como capitalización propia otros 114 millones de dólares de los fondos de la SEPI, afirmó Morales, quien indicó que estos hechos son investigados por la jueza española Gema Gallego, del juzgado 35 de Madrid.

Gallego debe decir aún si eleva a juicio oral la causa contra Marsans por supuesto "desvío de fondos públicos" y "delito de evasión impositiva".

Otros 210 millones del dinero girado por la SEPI eran para pasivos contingentes, y 248 más para un plan de inversiones -la compra de 23 aeronaves, entre otros compromisos-, del cual "sólo se ejecutó el 11 por ciento", indicó.

Los radicales piden además que se investiguen las responsabilidades del gobierno argentino por haber impugnado "por falsos" los balances de Aerolíneas de 2002, 2003 y 2004, para aprobarlos, a mediados de 2006, tras acordar con Marsans incrementar al 5 por ciento la participación del Estado en la compañía.

De acuerdo a la denuncia, los balances eran "falsos" porque "expresaban el manejo delictivo en términos de haber utilizado indebidamente recursos del Estado español".

Morales destacó que su "demanda ya tiene pre-constituida prueba" en los tribunales de España y en el juzgado argentino que sigue el concurso de acreedores de Aerolíneas.

Según Morales, Jaime, secretario de Transporte desde 2003, tampoco veló por el cumplimiento del plan de inversiones de Marsans en Aerolíneas.

Aerolíneas Argentinas tiene deudas por 890 millones de dólares, pierde cerca de un millón de dólares diarios, la mitad de su flota está averiada, y cuenta con una plantilla de 8.800 trabajadores.

El Gobierno argentino ha enviado un proyecto al Parlamento para que convalide la trasferencia de Marsans al Estado del 94,41 por ciento de Aerolíneas y del 97 por ciento de su subsidiaria de cabotaje Austral, pero la UCR y otros partidos de la oposición rechazan que el Estado se haga cargo de la abultada deuda.

Según Morales, el Ejecutivo "pretende que los argentinos se hagan cargo del vacío y de una caja de pandora que no se sabe en qué va a terminar y cuánto le va a terminar costando al Estado".

En lugar del rescate estatal de Aerolíneas, los radicales proponen crear un nueva sociedad anónima, que absorba el personal de las dos aéreas, con sus derechos adquiridos, y se nutra de los activos de ambas que el Estado puede expropiar.