PNV, EA, EB y Aralar piden al TC que levante la suspensión antes del 15 de septiembre

MADRID.-  Los tres partidos que integran el Gobierno vasco --Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y Ezker Batua (EB)-- y Aralar presentaron hoy en el Tribunal Constitucional su escrito de alegaciones al recurso interpuesto por el Gobierno a la Ley de Consulta. Estas formaciones piden al Alto Tribunal que levante la suspensión de la aplicación de esta norma que acordó tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo y, además, le urgen a emitir su fallo sobre estas impugnaciones antes del 15 de septiembre, fecha prevista para convocar la consulta promovida por el lehendakari.

EP (EUROPA PRESS)

Los tres partidos que integran el Gobierno vasco --Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y Ezker Batua (EB)-- y Aralar presentaron hoy en el Tribunal Constitucional su escrito de alegaciones al recurso interpuesto por el Gobierno a la Ley de Consulta. Estas formaciones piden al Alto Tribunal que levante la suspensión de la aplicación de esta norma que acordó tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo y, además, le urgen a emitir su fallo sobre estas impugnaciones antes del 15 de septiembre, fecha prevista para convocar la consulta promovida por el lehendakari.

En su alegaciones, insisten en la necesidad de que el TC levante la suspensión antes del 15 de septiembre, ya que, si la mantiene más allá de esa fecha, dejaría "sin efecto cualquier decisión posterior" que tomase el Alto Tribunal. En este sentido, avisan de "la absoluta ineficacia de una eventual sentencia" que declarara la ley conforme a la Constitución.

Los firmantes del escrito aducen que la ley de consulta tiene "como notas inherentes a la misma una funcionalidad delimitada temporal y materialmente", ya que prevé su aplicación un día concreto, el 25 de octubre de 2008, y que si se mantiene la suspensión hasta después de la fecha en que habría de convocarse, ésta ya no podrá tener lugar.

Estas cuatro formaciones sostienen que el recurso del Gobierno persigue "impedir a quien es competente para ello, la materialización efectiva de una actuación proyectada a realizar en un tiempo determinado e improrrogable" y que la sola invocación del artículo de la Constitución que prevé la suspensión de la ley impugnada "hace de la misma un instrumento decisivo" puesto que no es posible retomar "en otro tiempo la actuación proyectada sin que sufra su sentido y su finalidad".

Inicialmente, el TC tiene hasta el 15 de diciembre para decidir si mantiene o levanta la suspensión, pero estos partidos insisten en que debe pronunciarse al respecto antes del 15 de septiembre, porque si no lo hace, se atentaría contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos que establece el artículo 23 de la Carta Magna, un efecto que, según el escrito, "no puede ser querido" por el TC, "ni resulta admisible en nuestro sistema jurídico".

"PROVOCACIÓN" DE ZAPATERO

En la rueda de prensa conjunta posterior al registro de las alegaciones, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró que las presentan "desde la serenidad y la normalidad", sin dejarse "arrastrar por la provocación" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que, según dijo, no sabe si "busca una confrontación institucional o social". "No nos va a encontrar en la provocación y defenderemos con serenidad lo que es justo", puntualizó.

Asimismo, apuntó que en su escrito insisten en que el levantamiento inmediato de la suspensión acordada de la ley de consulta "atemperaría el desequilibrio y la descompensación entre partes que se aprecia en el automatismo de la suspensión, cuando Zapatero hace uso de esa facultad, y ante el desconocimiento de las razones que le han movido a interesarla, ya que no tiene que hacerlas explícitas inicialmente".

Según dijo, la consulta "no tiene consecuencias negativas, y su resultado no operaría dentro de una toma decisiones políticas, ya que su objetivo es orientar la actividad de los partidos". Además, afirmó que el recurso del Gobierno "tiene que ver con la incomodidad del PSOE ante su estrategia electoral para las elecciones vascas".

"Querríamos que el TC se pronunciase antes del 15 de septiembre, para evitar consecuencias irreversibles. No hemos tenido respuesta de Zapatero a nuestra carta abierta. Vamos paso a paso, con tranquilidad y serenidad, y esperamos con ansia que antes del 15 de septiembre el TC se pronuncie, y entonces los partidos analizaremos los pasos a dar", planteó.

EA: "MIEDO A LAS PREGUNTAS"

El presidente de EA, Unai Ziarreta, señaló que la estrategia de Zapatero se basa en "alegar ilegalidad" y en "desviar la atención judicializando la cuestión". Agregó que no es una cuestión jurídica y que tras la actitud del presidente hay "falta de voluntad política, y miedo a las preguntas". Por eso "trata de decir alto y fuerte quien manda, y que las instituciones vascas no pueden hacer nada" sin autorización desde Madrid.

Ziarreta añadió que las cuatro formaciones han logrado colocar en el centro del debate el derecho a decidir, y "por eso es importante para Zapatero que el próximo lehendakari no sea nacionalista". Agregó que su comparecencia de hoy era en "defensa de la esencia de la democracia", y resaltó que Zapatero "ataca a esa esencia, algo extremadamente grave".

El coordinador general de Ezker Batua (EB), Javier Madrazo, planteó que no está en juego la consulta, sino el derecho de la sociedad vasca a participar en la vida pública. "Asistimos a una gran mentira orquestada, en la que se confunde una consulta no vinculante con un referéndum. El Estado vive un momento grave de regresión y recorte de libertades", destacó.

Por eso, recalcó que han "perdido la confianza en Zapatero y en el TC", y manifestó su convicción de que ambos mantendrán su veto "hasta el final, porque no quieren que la sociedad vasca hable, actúan como la Inquisición y con censura previa". Por eso, auguró que el TC actuará como "correa de transmisión" de las directrices de PSOE y PP.

Ante esta situación, consideró "posible que Rajoy y Zapatero, con el TC, puedan impedir la consulta", pero advirtió que "será sólo una victoria temporal, porque en el siglo XXI nadie puede acallar la voz de una sociedad comprometida". Además, afirmó que el Gobierno hace una lectura "restrictiva y reaccionaria" de la legislación vigente.

"HABLÓ CON ETA Y NO ESCUCHA A LOS VASCOS"

"Es inexplicable que un presidente del Gobierno que se considera de izquierdas impida este ejercicio de participación ciudadana. Zapatero va a pasar a la historia por ser el presidente que escuchó a ETA y a Batasuna, incluso tras al atentado de la T4, que pactó con ambas y que sin embargo se niega a escuchar a la sociedad vasca, se niega a dialogar con el Gobierno vasco, se niega a completar el Estatuto de Guernica", expuso.

Por último, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, aseguró que los comparecientes defienden "sobre todo principios democráticos, por encima de leyes escritas, como el derecho a decidir, que es la única interpretación democrática y progresiva de los fueros". En su opinión, la consulta es un "intento de paz para la sociedad vasca y para la española", y avisó de que en el futuro tendrán lugar en Europa consultas similares que "dejarán en evidencia a Zapatero".

"Tengo algunas esperanzas de que en todo o en parte el TC pueda decir que sí a esta ley, y emplazo al PSOE y a las demás fuerzas políticas a que en tal supuesto defiendan con entusiasmo el ejercicio del derecho a decidir. También emplazo a ciudadanos y organizaciones políticas, legales o no legales, para que se sumen a la defensa de la democracia y del futuro", remachó.

PNV, EA, EB y Aralar, que han dejado al margen de esta iniciativa al Partido Comunista de las Tierras Vascas, pese a que el voto de una de sus parlamentarias fue decisivo para la aprobación de la ley, dedican gran parte del texto a defender su legitimidad para hacer sus alegaciones. Así, aluden a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Constitucional y argumentan que debe aceptarse su escrito porque lo que está en cuestión es "la constitucionalidad de una ley" que se dirige a los ciudadanos de Euskadi, "respecto de quienes" los firmantes "resultan ser sus representantes".