Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha rechazado citar a más testigos en relación con el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del aparato y mantiene, por tanto, que testifiquen 45 personas, entre ellos una treintena de militares.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha rechazado citar a más testigos en relación con el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del aparato y mantiene, por tanto, que testifiquen 45 personas, entre ellos una treintena de militares.
En un auto hecho público hoy, el magistrado desestima el recurso presentado por algunas familias de los 62 militares fallecidos en el accidente ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 contra su decisión de llamar a declarar a 45 testigos, ya que éstas solicitaron algunos más.
Entre ellos, pidieron que comparecieran ante el juez cuatro periodistas porque, según ha dicho a EFE su abogado Leopoldo Torres, "fueron testigos directos" del siniestro, ya que acudieron allí nada más producirse.
Sin embargo, para Grande-Marlaska los conocimientos de estos profesionales no son directos "sino fruto de investigaciones en el marco de su ejercicio laboral".
Entre los 45 testigos que declararán los próximos septiembre y octubre ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, figuran el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán.
También comparecerán el que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio González; el ex director de la Guardia Civil Carlos Gómez Arruche y al ex subsecretario de Defensa Víctor de la Torre.
Entre las personas llamadas a declarar que no son militares figuran la diputada del PSOE María del Carmen Sánchez Díaz -que planteó al Gobierno del PP numerosas preguntas sobre el accidente del Yak-, varios empleados de Chapman Freeborn -la empresa contratista del avión-, un periodista que viajó en un vuelo anterior de la aeronave y el presidente del sindicato de pilotos SEPLA.
El juez también acuerda que se tome declaración a otros testigos fuera de España: en Luxemburgo, a dos directores generales de NAMSA, la agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior; en Noruega, a los militares que se quejaron de las condiciones de las aeronaves, y en Ucrania, al presidente de la empresa arrendataria del Yak siniestrado.
En relación con la investigación abierta por la contratación del aparato, Grande-Marlaska acusó el pasado 20 de mayo a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave y les citó a declarar como imputados en relación con esos hechos.
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