Madrid.- La sentencia del Tribunal Constitucional que avala la reforma del Reglamento del Senado, que autoriza a las asambleas legislativas a participar en la elección de los magistrados del Alto Tribunal, permite reanudar el proceso para su puesta en marcha.
El presidente del Senado, Javier Rojo (d); el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces (i), y el presidente de las juntas generales de Álava, Juan Antonio Zarate (c), observan el botafumeiro de plata que le ha entregado el Centro Gallego de la capital alavesa.
El presidente del Senado, Javier Rojo, ha anunciado hoy que la próxima semana retomará el procedimiento para que los parlamentos autonómicos participen en esa elección, una vez que el TC ha rechazado el recurso del PP.
La reforma del Reglamento de la Cámara Alta, aprobada por mayoría absoluta y con la oposición del PP el pasado 21 de noviembre, permitía a las asambleas legislativas autonómicas proponer candidatos de entre los que el Senado debía designar a los cuatro que le corresponden de los doce que forman el pleno del Tribunal Constitucional.
Al día siguiente, Rojo se dirigió por carta a las asambleas autonómicas para que propusieran a sus candidatos antes del 15 de diciembre.
Según lo acordado, cada Parlamento debía aprobar dos, para que la Comisión de Nombramientos del Senado tuviera un total de 34 personalidades de la judicatura, de entre los que tendría que elegir cuatro, y se reservaba la posibilidad de nombrar a otros distintos.
En algunos casos, los Parlamentos debían modificar sus propios reglamentos, y así el pasado 4 de diciembre, la Mesa de la Cámara Alta decidió suspender el plazo, ya que varias de las comunidades, tras recibir la carta de Rojo y estudiar el asunto, decidieron solicitar más tiempo para poder reformar sus reglamentos.
El pasado 10 de enero, el Grupo Popular del Senado presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo Reglamento, al entender que el artículo que permite a los Parlamentos autonómicos proponer magistrados para renovar el TC no se ajusta a la Carta Magna.
La iniciativa se tomó contra el artículo 184, aprobado "por primera vez sin consenso", según el PP, que se remitía al artículo 159.1 de la Constitución, que determina que la renovación de los doce miembros del Constitucional son a propuesta del Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, pero "en ningún momento menciona a los Parlamentos autonómicos".
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