El TC cumple un año en funciones y sin perspectivas de renovación

Madrid.-  El próximo miércoles se cumple un año desde que acabaron formalmente los mandatos de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), un órgano cuya interinidad se adivina prolongada, ya que la negociación entre el PP y el PSOE para su renovación está bloqueada.

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(EFE)

Imagen del exterior del edificio del Tribunal Constitucional. El próximo miércoles se cumple un año desde que acabaron formalmente los mandatos de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), un órgano cuya interinidad se adivina prolongada, ya que la negociación entre el PP y el PSOE para su renovación está bloqueada.

"Yo no puedo más que lamentar que esa renovación no se produzca", decía hace una semana a Efe la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, que recordaba a los políticos que "cumplir la Constitución es cumplirla en todos sus términos y la Constitución ordena la renovación de los órganos constitucionales y ordena y regula la renovación de este tribunal".

Y es que a la sustitución de la propia Casas; del vicepresidente, Guillermo Jiménez; y de Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata -todos ellos designados por el Senado- se suma, además, la necesidad de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento el pasado 18 de mayo del también magistrado Roberto García Calvo, lo que corresponde al Congreso.

Aunque la renovación del tribunal fue pactada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el pasado 23 de julio, los dos partidos admiten que la negociación está bloqueada y que seguirá así por mucho tiempo.

Las discrepancias alcanzan incluso a los términos del acuerdo suscrito por los dos líderes, ya que mientras que el PSOE asegura haber sido fiel al espíritu de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -que abrió la elección a la participación de los Parlamentos autonómicos-, en el PP insisten en que lo que se pactó fue que cada partido llevaría sólo dos nombre al Senado.

Así, un año después la Cámara Alta tiene sobre la mesa 23 candidatos para cubrir cuatro plazas, de los que una quincena han sido propuestos por el PSOE, mientras que sólo dos -el ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando y el ex vocal de este último órgano Enrique López- lo han sido por el PP.

Según asegura a Efe el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, Zapatero y Rajoy acordaron "que no habría vetos recíprocos a los candidatos y que el PP y el PSOE en el Senado propondrían a las dos personas que cada uno considerara idóneas a través de las distintas mayorías en los Parlamentos autonómicos".

Los socialistas lo niegan y cuestionan no sólo que el PP haya propuesto únicamente dos candidatos, sino también que haya elegido a dos personas que durante su etapa en el CGPJ se pronunciaron abiertamente en contra de la práctica totalidad de las leyes elaboradas por el Gobierno.

Así, ambos rechazaron el Estatuto de Cataluña y la ley de matrimonio homosexual, ambas recurridas por el PP ante el Constitucional y sobre las que este órgano aún debe pronunciarse, lo que según el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, les convierte en "objetivamente recusables" en caso de llegar al tribunal.

Así las cosas, los dos partidos parecen resignados a que sea el actual TC el que resuelva los recursos interpuestos contra el Estatut hace ya más de dos años, asunto sobre el que -muerto García Calvo y admitida la recusación de Pablo Pérez Tremps- está deliberando un "disminuido" pleno de diez magistrados divididos mitad por mitad entre progresistas y conservadores.

Si esa división se repite en las votaciones, algo que ha ocurrido frecuentemente en el último año, será el voto de calidad de la presidenta Casas -que durante todo su mandato se ha mostrado reacia a hacer uso de ese privilegio- el que incline la balanza hacia uno u otro lado.

Pero, encuadrada como está Casas en el sector progresista, el PP parece preferir esta solución a ceder para permitir una rápida renovación del Constitucional, en el que de todos modos no tendría la mayoría, ya que los otros tres magistrados que deben ser sustituidos son conservadores y, según el acuerdo entre Zapatero y Rajoy, el partido de este último elegirá sólo a dos de ellos.

Ni siquiera si, como parece lógico, la vacante de García Calvo, que llegó al TC a propuesta del PP en el Congreso, se cubriera con alguien elegido también por este partido se restablecería el equilibrio entre los dos bloques.