Santiago de Compostela.- El Consello de la Xunta ha aprobado hoy el proyecto de leu Vivienda, que pretende dar efectividad al derecho constitucional a una vivienda digna y que permitirá a los ciudadanos comprobar la solvencia de los promotores, mientras también ha dado visto bueno a la ley de Turismo de Galicia.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (d), conversando por teléfono al lado del vicepresidente, Anxo Quintana, antes de dar comienzo la reunión del Consello en San Caetano.
La primera de las normas, cuyos detalles explicó recientemente la conselleira de Vivienda, Teresa Táboas, tiene entre sus principales novedades el establecimiento del deber del propietario de conservar su piso en condiciones de habitabilidad.
De no ser así, y si el Ayuntamiento no actuase, la Xunta podrá expropiar y rehabilitar los edificios vacíos y en ruina, que se destinarán a alquiler subvencionado.
No obstante, el propietario dispondrá de alternativas como ayudas a fondo perdido o que la rehabilitación corra a cargo de la administración, a cambio de disponer del inmueble el tiempo suficiente para recuperar el 70 por ciento de la inversión pública.
La norma, que por primera vez regula con rango de ley el régimen jurídico de las viviendas protegidas, también recoge como novedad que los ciudadanos podrán consultar la solvencia de las entidades dedicadas a la promoción inmobiliaria, a través del registro de Agentes Promotores de Galicia.
Igualmente, la ley incluye una modificación de la ley de administración local, que expresa que los cargos representativos de los Ayuntamientos no pueden valerse de su cargo en beneficio propio o de terceras personas.
Finalmente, establece medidas de lucha contra el fraude, con el incremento de sanciones como la inhabilitación, la descalificación, la pérdida de ayudas económicas o la resolución de contratos de compraventa o arrendamiento, con multas que, para los casos más graves, puede llegar al millón de euros.
Respecto al proyecto de ley de turismo, que también pasó hoy el visto bueno del Consello, reconoce por primera vez el carácter estratégico del sector y tratará de impulsar la profesionalización del sector y por la sostenibilidad.
La norma aprobada establece un catálogo de derechos y obligaciones de los usuarios turísticos y estipula que deben ser las administraciones públicas competentes las que velen por su estricto cumplimiento.
Igualmente, la norma actualiza la clasificación de las empresas de alojamiento turístico y potencia el espacio rural, mientras abre la puerta a nuevas realidades turísticas mientras suprime otras.
Con la norma se creará el Consejo Regulador del turismo, órgano consultivo encargado de colaborar con la Xunta para garantizar el cumplimiento de la normativa, así como una red gallega de oficinas de turismo, mientras también establece una referencia específica a las comunidades gallegas del exterior con las que se podrán llegar a acuerdos en la materia.
Igualmente, según señaló el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, la norma promueve una política de recursos humanos que apueste decididamente por la formación de los trabajadores y por la extensión de las nuevas tecnologías y de los idiomas.
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