Las corporaciones locales podrán gestionar 203 centros y 670 empleos desde 2009

Valladolid.-  La Junta de Castilla y León está dispuesta a transferir a las Diputaciones y grandes municipios de la Comunidad la gestión de hasta 203 centros públicos y 670 empleos que ahora dependen de la Administración autonómica a partir de 2009, cuando previsiblemente entre en vigor la Ley de Transferencias.

ampliar foto

(EFE)

El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco (i) y el portavoz del Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado hoy, al término del Consejo de Gobierno que ha aprobado el proyecto de ley de Transferencias a las Corporaciones Locales, que estos traspasos supondrán globalmente un desembolso de "un mínimo de 30 millones de euros".

No obstante, el consejero ha avisado de que el montante final de la operación "dependerá de la negociación con cada una de las corporaciones" y ha augurado que el proceso será "amplio y complejo".

Fernández Mañueco ha subrayado que la norma que salga de las Cortes de Castilla y León no será una "que imponga nada" a los ayuntamientos, sino que abrirá la posibilidad de que los interesados asuman la gestión de diferentes instalaciones vinculadas a áreas como la juventud, la educación, el deporte y el medio ambiente.

En concreto la Junta ofrecerá el traspaso de 30 escuelas infantiles de primer ciclo (0 a 3 años), 50 centros de día para personas mayores, once campamentos juveniles, siete centros de juventud, un comedor social, dos instalaciones deportivas y 102 instalaciones recreativas.

La mayor parte de los empleados afectados por esta transferencia corresponden a las escuelas infantiles (400) y los centros de día de personas mayores (247).

La filosofía de este proceso de transferencias competenciales es la misma que la realizada por el Estado respecto a las comunidades autónomas: que la cercanía de la administración con el ciudadano redunde en una mayor calidad del servicio público.

Para valorar cada traspaso se tendrán en cuenta los gastos de cada centro, el coste efectivo, el valor de reposición, los costes indirectos de gestión y el personal de cada uno, entre otros factores, según ha explicado la Junta de Castilla y León, que confía en alcanzar el consenso parlamentario con el Grupo Socialista y el Grupo Mixto.

Fernández Mañueco ha opinado que "habrá competencias que serán más fáciles de traspasar, mientras que otras requerirán un mayor estudio" para fructificar en un "interés mutuo" de las dos administraciones.

El consejero ha subrayado que todas las corporaciones que asuman estas transferencias deberán presentar anualmente una memoria de gestión para garantizar que al menos se mantiene la calidad del servicio actual, cuando depende de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la futura ley regional de cooperación económica con las corporaciones locales anunciada por la Junta de Castilla y León para la presente legislatura, el consejero ha mantenido el compromiso del Ejecutivo de aprobarla y ha asegurado que esta normativa sería el "marco de estabilidad y garantía financiera" para los ayuntamientos.